Editorial: Decisión crucial en Guatemala

Decisiones de esta índole, siempre importantes en cualquier país, adquieren trascendencia crucial en Guatemala. Si logran ser conducidas y concluidas con transparencia, rectitud y rigor mínimo, permitirán abrir el camino hacia la depuración del Poder Judicial, que durante los últimos años ha actuado como instrumento de la corrupción, el inmovilismo, el autoritarismo y la arbitrariedad.

En cambio, si, como muchos temen, ocurre lo contrario, el renacer democrático activado por la elección de Bernardo Arévalo a la presidencia recibirá un duro golpe; las posibilidades de que se mantenga atrapado por esas redes se verán reforzadas y el llamado “pacto de los corruptos” —una red de burócratas, sectores de seguridad, funcionarios judiciales y empresarios inmovilistas— mantendrá gran poder de veto y distorsión institucional.

Después de la elección de Arévalo, en agosto del pasado año, con un 58 % de los votos, y su llegada a la presidencia en enero, este proceso es, sin duda, el más importante para la democracia guatemalteca, su Estado de derecho y el bienestar de sus ciudadanos.

La magnitud de la penetración, captura y manipulación política de la judicatura se hizo manifiesta entre la elección y la toma de posesión de Arévalo. Con acciones de distinta intensidad, la CSJ, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público hicieron todo lo posible por evitar que ocupara el sillón presidencial.

Por ejemplo, en diciembre, el fiscal Rafael Currinche, uno de los más conspicuos operadores del “pacto”, apadrinado por la fiscala general, Consuelo Porras, y con velado apoyo de las cortes superiores, propuso anular el resultado de los comicios. La maniobra logró ser desarticulada por la movilización popular y las presiones internacionales. En noviembre, Porras logró privar de personería al Movimiento Semilla, de Arévalo, lo que obligó a sus diputados a actuar como independientes. Tanto Currinche como Porras han sido sancionados por Estados Unidos y muchos otros países por sus acciones contra la democracia.

Es en este contexto que se ha desarrollado el proceso para la selección de magistrados y jueces. Las comisiones para conformar las nóminas que se envían al Congreso están integradas por representantes de las universidades, el Colegio de Abogados y magistrados de las propias cortes. Su constitución y funcionamiento, sin embargo, estuvo plagado de dificultades, entre ellas, que muchos profesionales de alto nivel, por amenazas y temores, decidieron abstenerse de integrarlas.

El resultado de esta primera fase es perturbador. En las listas de candidatos que, tras su presunta depuración por las comisiones, serán enviadas al Congreso, hay varios con claros antecedentes de corrupción. Entre ellos destacan, como aspirantes a la Sala de Apelaciones, Currinche y Gilberto Porras, esposo de la fiscala general y, como ella, también con sanciones estadounidenses.

El miércoles, al presentar el informe preliminar de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que por tres meses monitoreó el proceso de selección, una de sus integrantes lamentó que las comisiones no excluyeran del proceso para integrar las magistraturas “a jueces, abogados, fiscales y magistrados que han participado en actos de corrupción y criminalización contra personas defensoras de los derechos humanos”.

A lo anterior se añade que el Ejecutivo carece de mayoría legislativa, y hasta ahora no parece existir un bloque suficientemente robusto de legisladores dispuestos a seleccionar a los mejores de las listas.

El riesgo de una recomposición del “pacto de los corruptos” en las más altas esferas judiciales, por tanto, es alto. Todavía hay oportunidad de evitarlo, gracias a la reacción de la sociedad civil, las gestiones internacionales, las buenas presiones sobre los diputados y el activismo del gobierno. Pero no hay garantías de que el resultado sea bueno. De ahí la seriedad del momento.