EscucharCartago ha esperado largos años por su nuevo hospital y, a juzgar por los últimos acontecimientos, podría verse obligado a esperar varios años más. El terreno para la edificación fue adquirido en el 2011 y ha sido objeto de todos los estudios necesarios, pero el Poder Ejecutivo rechaza la construcción en el sitio e insiste en encontrar otro, más apto, según su criterio, para la construcción.
De acuerdo con el Ejecutivo, el terreno está en una zona industrial donde la proximidad de empresas como Químicos Holanda (a 365 metros), Dekra (a 162 metros), Servicentro El Guarco (a 152 metros) y Agrícola Piscis (a 78 metros) crea peligro de accidentes. No obstante, el proyecto cuenta con el pronunciamiento de viabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el respaldo de los órganos técnicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También, hay estudios geológicos contratados con consultores externos y la gerenta interina de Infraestructura, Marielos Gutiérrez Brenes, declaró ante una comisión legislativa que no existen razones de peso para descartar el lote adquirido hace una docena de años.
Tan confiados están los funcionarios de la CCSS sobre la aptitud del terreno comprado en el cantón de El Guarco que la comisión técnica de la institución recomendó adjudicar el diseño y la construcción a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A. Con todo ese avance y el constante clamor de la comunidad, que incluso organiza marchas para manifestar su opinión, la Junta Directiva de la CCSS se propuso tomar una decisión, a más tardar, el 21 de diciembre.
La decisión corresponde a la CCSS en ejercicio de su autonomía, pero la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, tiene la posibilidad de negar al nuevo centro médico la habilitación para funcionar, y advirtió de su intención de ejercer esa potestad si la institución decide mal. En ese caso, dijo, la Directiva “tendrá que asumir las consecuencias respectivas” y una de ellas es la imposibilidad de operar por falta de la habilitación a cargo de su despacho.
“Ellos tienen comprado ese terreno, pero si construyen fuera de las indicaciones del Ministerio de Salud, adivine quién habilita los establecimientos de salud en el país: el Ministerio de Salud”, declaró la funcionaria. Luego, añadió un lamento con dejo de ironía: la habilitación sería denegada “desgraciadamente”.
La autonomía de la CCSS no sale bien librada de la advertencia. Según la ministra, los directivos construirían un carísimo trasatlántico en medio del desierto, incapaz de moverse un solo centímetro. No obstante, el rechazo de la habilitación es una hipótesis remota si el Ministerio no encuentra otros obstáculos para impedir la edificación.
Una vez construida la obra, sería muy difícil de justificar la negativa del permiso para operar. La presión de la comunidad sería insoportable y, por mucho que la responsabilidad de la parálisis se quiera depositar en hombros de los directivos, sería imposible explicar al país la clausura de la obra, después de la cuantiosa inversión y en vista de la creciente necesidad de utilizar las nuevas instalaciones. Además, la titularidad del Ministerio probablemente habrá cambiado, junto con el resto del gobierno, cuando el hospital esté listo para pedir la habilitación.
Por otro lado, si la Directiva decide cambiar de terreno y la Cámara Costarricense de la Construcción no se equivoca en su pronóstico, la obra se podría retrasar hasta seis años, cuando el hospital Max Peralta sufre, desde ahora, la saturación de sus instalaciones. Este problema solo puede aumentar con el paso del tiempo.
