EscucharEl lunes comenzó a desarrollarse en Manhattan un hecho de enorme trascendencia histórica y también contemporánea: por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente, sea en ejercicio o ya fuera de él, enfrenta un juicio penal.
A Donald Trump se le acusa de varios delitos relacionados con la falsificación de registros de su emporio empresarial en la ciudad para encubrir el pago, antes de su exitosa campaña en el 2016, de decenas de miles de dólares a la artista porno Stormy Daniels, y obtener a cambio su silencio sobre la relación que habían mantenido. Esta semana, estuvo dedicada a la selección de los 12 miembros del jurado, más 6 suplentes. Completada la tarea, mañana se presentarán los argumentos de la Fiscalía y la defensa, y luego continuará el debate. Se prevé que dure varias semanas.
Este, sin embargo, no es el único caso penal contra el expresidente. Otros tres, uno de índole estatal y dos de índole federal, resultan aún más relevantes, porque no se refieren a manipulación de documentos privados con propósitos políticos, sino a conductas durante e inmediatamente después del ejercicio gubernamental.
En Georgia es acusado por sus esfuerzos para alterar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 (que perdió) en ese estado. Los otros dos casos han sido impulsados por el fiscal especial Jack Smith, designado por el Departamento de Justicia, y se tramitan en dos cortes federales de distrito.
En una de Florida, Trump deberá responder por cargos de posesión indebida de documentos clasificados, que trasladó a su residencia de Palm Beach tras dejar la presidencia, y los esfuerzos posteriores para obstruir su devolución. Otra, del Distrito de Columbia, tramita la acusación más consecuente, porque tiene que ver, directamente, con sus esfuerzos por impedir la certificación de los resultados de la votación presidencial, que condujeron, entre otras cosas, al asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.
Además de estos casos, ya Trump, sus hijos adultos y los negocios familiares, fueron condenados a pagar $454 millones de multa en un caso civil, también en Nueva York, por inflar fraudulentamente su patrimonio y engañar a bancos y aseguradoras. También fue condenado en esa ciudad con $83,3 millones de compensación a la escritora E. Jean Carroll por difamación. Carroll le había ganado otro proceso judicial por abuso sexual. Las primeras dos sentencias están en apelación.
Aunque todavía se debe partir de la presunción de inocencia en los casos penales, su presentación y avance, a partir de contundente evidencia, dan la medida del enorme desdén del expresidente por el Estado de derecho y su absurda presunción de que, por ocupar o haber ocupado el cargo, está por encima de la justicia. Los fiscales y tribunales se han encargado de desmentirlo, lo cual revela cuán robusto se mantiene el sistema judicial estadounidense, aunque no se puede decir lo mismo de la Corte Suprema de Justicia y su mayoría conservadora.
El juicio por el pago a la actriz porno tendrá una resolución en primera instancia relativamente perentoria. Si Trump gana, su candidatura presidencial republicana recibirá gran impulso. Si pierde, apelará y el veredicto final tardará meses en producirse. Entretanto, su equipo legal ha tenido éxito en dilatar el comienzo de los tres juicios más importantes, que aún no tienen fecha, pero probablemente ninguno se iniciará en el primer semestre de este año.
Lo anterior quiere decir que el proceso electoral se celebrará en medio de las acusaciones penales más graves enfrentadas por el expresidente, con las múltiples implicaciones que esta situación tendrá para su normal desenvolvimiento. Y queda abierta la enorme interrogante acerca de qué pasará si pierde alguno, o los tres juicios, tras un hipotético éxito electoral. Esto creará una tensión constitucional también sin precedentes en la historia de Estados Unidos y exacerbará el espíritu revanchista, de sobra anunciado, de Trump.
Justicia activa, democracia política en riesgo. Esta es la síntesis que podría hacerse. La esperanza, sin certeza alguna, es que ambas salgan favorecidas. La última palabra la tendrán los electores.
