La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) anunció, a mediados de enero, una significativa reducción de “las cantidades de alcohol disponibles para despachar”. El recorte lo atribuye a “las disposiciones del gobierno actual y aplicación de la regla fiscal”. Con el desabastecimiento se va por la borda el último argumento de los defensores de la empresa estatal para justificar su existencia en manos del Estado.
Además de sus reconocidas deficiencias y desastres financieros, ahora resulta que Fanal no garantiza la disponibilidad del producto en el mercado local. El alcohol es un insumo estratégico, necesario para el suministro de múltiples bienes y servicios. Esa es una razón para asegurar su abundancia a buen precio, no para justificar un monopolio estatal ineficiente y caro.
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El alcohol es una materia prima necesaria para la producción de alimentos y bebidas, productos de higiene y limpieza, cosméticos, medicamentos y agroquímicos, entre otros bienes, y también para ajustar la producción a las buenas prácticas de manufactura en materia de inocuidad e higiene.
Por eso, las Cámaras de Industrias, de la Industria Alimentaria (Cacia) y la de Agricultura y Agroindustria (CNAA) se unieron para pedir al Poder Ejecutivo la solución del desabastecimiento anunciado. En juego está la existencia de muchas empresas y el cumplimiento de compromisos vitales con sus clientes. Por otra parte, la pandemia no ha concluido y el propio gobierno mantiene protocolos sanitarios en cuyo acatamiento el alcohol desempeña un lugar destacado.
El monopolio del alcohol es un atavismo. Sirvió en su momento para llenar las arcas del Estado, pero desde hace tiempo solo es útil para vaciarlas y comprometer la situación del Consejo Nacional de Producción (CNP). En solo cuatro años, dijo la contralora general de la República, Marta Acosta, a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, las deudas de Fanal consumieron el 90% del patrimonio de la institución.
Hay razones para dudar de que la compra de materias primas comercializables esté sujeta a la regla fiscal, pero no habría discusión si se liberaliza la venta de alcohol y Fanal pasara a otras manos, como en su momento lo planteó el gobierno. La idea careció del apoyo necesario, pero el desabastecimiento de ahora y los problemas de siempre invitan a una reconsideración.
Los empresarios hacen dos peticiones de impecable lógica. Primero, reformar la ley para permitirles la compra directa de alcohol a los productores nacionales, es decir, eliminar la “injustificable” intermediación de Fanal, cuyo principal efecto es encarecer la producción sin beneficio alguno para el fisco, como resulta obvio a partir de los estados financieros de la empresa estatal.
La segunda petición es autorizar la importación de alcohol cuando exista desabastecimiento, como en la actualidad. El producto abunda en el mercado internacional a precios mucho mejores y no tiene sentido privar a la industria local de un insumo tan esencial. Tampoco tiene sentido, por supuesto, obligarla a pagar precios superiores.
La próxima administración debe retomar la idea de vender la Fábrica o quizá cerrarla. Las pérdidas acumuladas son graves y no cesan de aumentar. Si de la venta saliera lo necesario para pagar las deudas, ¡miel sobre hojuelas! En otro caso, no hay motivo para afectar la producción nacional que sí ofrece beneficios al desarrollo. El llamado de las cámaras debe ser atendido y la carga de una industria tan ineficiente debe ser removida de los hombros de la producción nacional, del erario y de la sociedad.