EscucharEn 1981, un acuerdo destinado a durar un quinquenio repartió los fondos para la educación superior entre las universidades públicas, y, pasado ese plazo, siguió gobernando la distribución por fuerza de la práctica reiterada. La Universidad de Costa Rica (UCR) tuvo un peso acorde con su preponderancia en aquella época y llegó a gozar del 60 % de los recursos.
Universidades más nuevas, como el Instituto Tecnológico y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), lograron mucho menos, y la Universidad Nacional quedó en una posición intermedia, pero en 1981 nadie podía visualizar las rápidas transformaciones económicas y tecnológicas del futuro, ni el desarrollo de las casas de enseñanza superior y hasta la creación de una más en este siglo, la Universidad Técnica Nacional.
Así quedó sembrada la semilla de la discordia que explica las recientes tensiones entre los rectores, luego del despliegue de unidad para exigir un aumento significativo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Fracasada la negociación del aumento con el Poder Ejecutivo y trasladada la decisión a la Asamblea Legislativa, desapareció la contraparte gubernamental y quedan los rectores en la situación de disputar la distribución de los fondos.
No es una situación nueva. Las diferencias, especialmente entre la UCR, el Tecnológico y la UNED, vienen aflorando con cada ajuste del FEES, pero el pulso normalmente se desarrolla con discreción. Quizá por el traslado de la fijación del aumento al foro legislativo, en esta oportunidad el proceso se transparenta mucho más.
“Hemos puesto el tema sobre la mesa. Primero, hay que recordar que el FEES es uno solo para todo el sistema universitario público. No hay ningún porcentaje que le pertenezca a ninguna universidad, y como estamos en un momento histórico en que la Asamblea Legislativa va a definir el FEES, no hemos podido llegar a un acuerdo en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) sobre cuál va a ser la distribución del presupuesto”, declaró la rectora del Tecnológico, María Estrada.
Esas manifestaciones constituyeron una respuesta a las de Roberto Guillén Pacheco, rector interino de la UCR, sobre presiones del Tec y la UNED en el proceso de distribución del FEES del 2025. El jueves 12 de setiembre, ante el Consejo Universitario de la más antigua casa de enseñanza superior, Guillén atribuyó la revelación de las presiones al rector Gustavo Gutiérrez Espeleta, a la sazón presidente del Conare, encargado de distribuir los fondos.
Según Guillén, esas presiones, incluidas las de otros rectores, podrían explicar la ausencia de Gutiérrez por motivo de salud. “Ha habido mucha presión de las otras universidades para que de los recursos de la UCR se les distribuya a las otras... especialmente al Tec y la UNED. Esa presión ha sido muy muy fuerte y creo que le ha cobrado a don Gustavo su salud”, afirmó.
La UCR argumenta su tamaño (42.000 estudiantes), la generación del 70 % de toda la investigación y la redistribución de casi un 10 % del pastel a las otras universidades, pues ahora pretende mantener el 50,6 % del FEES, cuando originalmente tuvo el 60 %. Si la discusión se conduce en esos términos, el resultado será conforme con las necesidades de los centros de estudio, especialmente la UCR, y no las del país.
El Tecnológico no tiene 42.000 estudiantes, pero rechaza a miles de jóvenes interesados en estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por falta de fondos. Con el 11 % del FEES, no se puede esperar mayor participación en la investigación generada. La distribución del financiamiento debería decidirse con apego a la función de cada universidad en la satisfacción de las necesidades del desarrollo.
En 1981, tres cuartas partes de las exportaciones consistían en café, banano, azúcar y carne. La apertura comercial y la atracción de inversiones, sobre todo de empresas tecnológicas, no eran parte de la agenda nacional y la internet era cosa del futuro. La distribución de los fondos para la enseñanza superior no puede hacerse sin considerar los cambios de las últimas cuatro décadas.
