EscucharEl país sigue sumido en las consecuencias del apagón educativo, iniciado en los largos períodos de huelga del 2018 y 2019 para rematar con los efectos de la pandemia. Urge recuperar el tiempo perdido, pero no hay certeza de las dimensiones del retroceso ni de las áreas necesitadas de atención prioritaria.
Costa Rica camina a tientas por un sendero donde debería correr y, para iluminar el camino, el único recurso son las pruebas de diagnóstico y evaluación. Las primeras fueron pospuestas dos semanas cuando los educadores y padres de familia se mostraron preocupados por la poca antelación de su anuncio. Ahora están programadas para el 13 de marzo, pero queda el sinsabor de la improvisación y el método suscita dudas.
En cada centro educativo, los profesores elaborarán las pruebas en conjunto, las aplicarán y trasladarán los resultados a unas plantillas para análisis del Ministerio. Además de los puntajes, las plantillas recogerán el desempeño de cada alumno en las diversas asignaturas, pero los resultados no afectarán la aprobación del curso lectivo. Por último, los propios educadores diseñarán planes de recuperación. A fin de cuentas, esas pruebas no serán estandarizadas, es decir, su valor como diagnóstico general es limitado.
En abril se aplicará una nueva prueba de diagnóstico, esta vez sí estandarizada, a estudiantes de sexto grado y undécimo año (decimosegundo, en el caso de los colegios técnicos) para medir sus conocimientos y planear los contenidos por evaluar en el año. En agosto se hará otra prueba de diagnóstico, no estandarizada, con toda la población estudiantil.
La segunda ronda de evaluación estandarizada se hará en octubre y, en esa oportunidad, el resultado sí tendrá un valor del 40 % en la nota final de los alumnos. La prueba será decisiva para la aprobación de primaria y secundaria, pero tampoco esclarecerá las condiciones actuales de la educación costarricense, según trece asesores nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública (MEP).
“Como técnicos curriculares, sentimos la necesidad de prevenir y alertar a las autoridades sobre las implicaciones de un proceso evaluativo estandarizado que no responde a modelos y teorías evaluativas reconocidas a nivel nacional e internacional”, dice el documento elaborado por los expertos.
Las consecuencias para los alumnos, como individuos, son obvias, pero el sistema educativo como un todo podría seguir arrastrando el problema básico de la pospandemia: el desconocimiento de las debilidades creadas durante el apagón. Sin un diagnóstico de alcance general, será imposible precisar los correctivos adecuados.
El documento contiene 31 preguntas, pero basta con leer una de ellas para compartir la inquietud. Los trece asesores, queda claro, desconocen el proceso de construcción de las pruebas. Uno de los cuestionamientos recoge la preocupación sobre el valor del diagnóstico y su utilidad para corregir el rumbo: “¿Cómo esa prueba permitirá hacer inferencias o valoraciones que permitan el mejoramiento de los procesos educativos costarricenses?”.
En síntesis, sostienen los asesores, la ausencia de referentes teóricos y metodológicos para construir y validar las pruebas impedirá recabar información empírica de la cual extraer evidencia confiable del nivel de conocimientos de los alumnos. Esa es la tarea más urgente, debemos añadir.
La carta de los asesores termina con una dramática declaración sobre el cumplimiento de órdenes bajo protesta: “En amparo de la Ley de la Administración Pública, artículo 109, y en concordancia con el principio de obediencia a las autoridades educativas del Ministerio de Educación Pública, los funcionarios del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, que atienden las asignaturas objeto de esta prueba estandarizada, atenderán lo solicitado por la Administración en cuanto a la ‘revisión de ítems’, pero se desligan de cualquier tipo de responsabilidad sobre este proceso, pues no cuentan con la fundamentación técnica requerida”. Es difícil recordar un precedente.
