Panamá dio el domingo un nuevo ejemplo de solidez democrática con la realización de unas elecciones generales marcadas por la buena organización, la normalidad, una razonable participación (cerca del 73 % del padrón electoral) y un resultado que, aunque mucho más estrecho de lo esperado, no tardó en ser anunciado por su Tribunal Electoral y reconocido por los candidatos de la oposición. Debemos celebrarlas, no solo por lo que representan para los panameños, sino también para nosotros, por la tranquilidad que da contar con un vecino estable en lo político y económico, y poseedor del más alto índice de crecimiento de América Latina.
Fiel a la tradición inaugurada desde el regreso a la democracia, a finales de la década de los 80, un candidato de oposición gana la presidencia. En este caso, fue Laurentino Cortizo, al frente de una alianza encabezada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el cual se define como socialdemócrata. Exdiputado y exministro de Martín Torrijos, quien ocupó la presidencia entre el 2004 y el 2009, su triunfo no resultó sorpresivo, pero sí lo fue el escaso porcentaje obtenido en una contienda de siete candidatos.
Las encuestas más recientes le otorgaban alrededor del 45 % de las intenciones de voto, muy por encima de Rómulo Roux, candidato de la alianza liderada por Cambio Democrático (CD), partido del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien guarda prisión preventiva por cargos de espionaje telefónico y corrupción. Cortizo apenas obtuvo el 33 %, contra el 31 % de Roux, y el independiente Ricardo Lombana ocupó el tercer puesto, con el 19 % de apoyo. Como en Panamá no existe segunda vuelta, esto quiere decir que, a partir del 1.° de julio, tendrá un presidente avalado por solo por un tercio del electorado.
Ante tal realidad electoral, y sin mayoría en el Congreso, el reto inicial de Cortizo será generar alianzas suficientes para la gobernabilidad. Desde el punto de vista programático, no tendría por qué ser difícil: al contrario de otros países, en Panamá, los principales partidos y candidatos se adhieren a un gran consenso sobre las grandes líneas de política económica y social. Sin embargo, por el lado de Cambio Democrático, el cual no ha logrado desprenderse de Martinelli, es prácticamente segura una oposición muy intensa. Al casi igualar en votos al presidente electo, CD está en una posición de fuerza, y sin duda la utilizará. Su grado de apoyo, a pesar de los serios cargos en contra de su fundador y expresidente, sumados a los obtenidos por el independiente Lombana, demuestra que, no obstante la estabilidad, existe entre los panameños un considerable fermento de descontento con el sistema político, lo cual debe ser abordado con seriedad.
Más allá de esta compleja coyuntura, Panamá enfrenta otros retos más estructurales. Su gran fortaleza es el dinamismo económico, ayudado por una inflación muy baja y finanzas públicas muy sólidas. Lo anterior ha generado un aumento constante de su ingreso per cápita, a punto de sobrepasar al de Chile, para ocupar el primer lugar latinoamericano. Asimismo, ha permitido mejorar sistemáticamente sus índices sociales, muchos de los cuales son similares a los de Costa Rica. Sin embargo, aún padece grandes debilidades, como la alta inequidad socioeconómica y territorial, la corrupción, la falta de transparencia, los problemas de agua y alcantarillas, la insuficiente protección ambiental, la inoperancia del sistema de justicia, los problemas de su Caja de Seguro Social y del sistema de pensiones, y la baja calidad de la educación.
Todos esos problemas constituyen retos ineludibles para el próximo gobierno y el sistema político en general. Hasta ahora, la insatisfacción ciudadana no ha sido canalizada hacia opciones políticas extremas, como lo demuestran las recientes elecciones. Pero si los frutos del progreso no son compartidos de mejor forma, y el sentido de impunidad no logra borrarse mediante un ejercicio más independiente de la justicia, la ejemplar estabilidad del país podría entrar en una zona de riesgos.
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