EscucharA juzgar por el bullicio, Costa Rica necesita con urgencia tener un parque del agua como el instalado en Lima, Perú, hace unos 18 años en terrenos del antiguo parque de la Reserva. Tanta es la necesidad nacional que la fracción oficialista abandonó su oposición al filibusterismo legislativo y presentó mociones sin sentido para impedir la aprobación del proyecto creador del Parque Natural Urbano Lorne Ross en los terrenos identificados como idóneos para las fuentes y los chorritos.
La urgencia obligó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a invertir $30.000 en el anteproyecto, con dinero proveniente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. No hay seguridad de la ejecución del proyecto y existe férrea oposición de la comunidad de Santa Ana y sus dirigentes a la utilización del terreno elegido, pero no hay tiempo que perder.
No deja de ser llamativa la contradicción entre el origen de los fondos y las protestas por el daño ecológico del proyecto. El Fondo para el Medio Ambiente financió en Costa Rica el anteproyecto de destrucción de al menos ocho de las 53 hectáreas de un corredor biológico vital entre el río Virilla y los cerros de Escazú. Autorizadas voces de la comunidad científica, recogidas por la Sala Constitucional en una sentencia donde destaca la importancia ecológica de los terrenos, insisten en su utilidad biológica, pero el fondo internacional, debemos suponer, no podría dejar a Costa Rica sin el parque del agua por el cual quizá claman las masas en algún lugar alejado de Santa Ana.
La prisa llamó a confusión e inicialmente se creyó que el proyecto era iniciativa de la jefa de la bancada oficialista, pero ella lo negó e identificó al promotor de la urgente propuesta, Franz Tattenbach, el ministro de Ambiente y Energía que ha demostrado mucha más parsimonia para cumplir la orden de delimitar y recuperar terrenos de la reserva Gandoca-Manzanillo.
La imperiosa necesidad nacional también obliga a hacer a un lado la voluntad de los donantes del terreno, Lorne Pringle Ross Ashey y Agnes May Spencer, quienes en 1975 entregaron la finca al Estado para dedicarla a la conservación de la naturaleza, como ellos mismos lo hicieron antes de la donación.
Las dificultades para ejecutar el proyecto en Santa Ana y la importancia de sacarlo adelante parecen haber llevado al alcalde de San José a ofrecer otros terrenos donde desarrollar la indispensable obra pública. Ninguno satisfizo a la jefa de fracción oficialista, siempre involucrada en el proyecto ideado por Tattenbach. Todas las ubicaciones le parecieron inadecuadas, pese a la premura por ofrecernos un parque del agua.
En las reuniones estuvo presente la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuya principal urgencia es librar a Santa Ana de las fuentes y lucecitas para cumplir la voluntad de los donantes de la finca. Al parecer, no encontró modo más expedito ni solución más salomónica que hallar otro terreno para la obra indispensable.
El vertiginoso ritmo de los acontecimientos y el nutrido elenco de personalidades involucradas nubla la vista ante la pregunta fundamental: ¿Para qué queremos un parque del agua? Por todo lo visto, la obra es de imperiosa necesidad, pero ¿es mucho pedir al señor Tattenbach explicar por qué?
Tanta actividad y premura no puede ser producto de un capricho. Mucho menos de tontas vanidades en busca de un legado. También es impensable atribuirlas al hallazgo simplón de un modelo imitable. Sin duda hay una explicación racional, capaz de justificar las tensiones políticas y el eventual gasto de miles de millones, pero en medio de tanta prisa nadie se acordó de divulgarla.
