Editorial: El caso contra la ministra de Cultura

Guadamuz llegó al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en mayo del 2022, luego de una infructuosa campaña como aspirante a una diputación por Guanacaste con el Partido Progreso Social Democrático. Su formación y experiencia no estaban en la cultura, sino en la educación pública, pero, al igual que otros candidatos del PPSD que no lograron los votos para alcanzar una curul, recibió la oportunidad de vincularse al Poder Ejecutivo.

Completa desconocida para los gestores culturales, la hoy exministra desde el principio tuvo dificultades para conectar con el sector y constantemente se le criticó por su poca disposición para el diálogo. Guadamuz apostó por un estilo confrontativo y poco tolerante a la crítica, lo cual quedó de manifiesto con su frustrado intento de destituir al director del Centro de Cine, en medio de un conflicto entre esa institución y el Centro de Conservación de Patrimonio, propiciado por decisiones administrativas de la propia jerarca y que se saldó con la destitución del viceministro Ernesto Calvo, por “pérdida de confianza”, en agosto del 2022.

No se había cumplido el primer año de la administración Chaves Robles y el Ministerio de Cultura y Juventud ya había visto cambios en 11 puestos de jefatura: dos viceministros, ocho directores de entidades adscritas y un director. Muchos de esos movimientos se explicaron por motivos de “confianza”, pero en mayo del 2023 la ministra causó un remezón aún mayor, cuando despidió en una misma noche al director del Archivo Nacional, al director del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), a la directora del Centro Nacional de la Música y a la encargada de la Dirección Sociocultural del MCJ. A los cuatro les informó de su salida por medio de correos electrónicos idénticos; no se comunicó personalmente con ninguno de los jerarcas para explicarles en detalle las razones de sus despidos.

A medida que los funcionarios iban y venían del Ministerio, el modo de Guadamuz de relacionarse con su equipo fue quedando en evidencia. Alexander Cuadra, director cesado del CPAC que ella misma había nombrado, describió la comunicación de la exministra como “casi que agresiva”, recurriendo en las reuniones a frases como “vuélvame a ver a los ojos” y “ya ustedes saben qué puede pasar si esto no pasa”.

Nayuribe Guadamuz fue cabeza del MCJ a lo largo de un período convulso para la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), durante el cual se dio la poco elegante salida del director, el querido maestro Carl St. Clair. Sin embargo, su mayor desacierto se dio con el impulso al Proyecto de ley para el fortalecimiento y modernización del Ministerio de Cultura y Juventud, presentado por el Ejecutivo en enero de este año y que de inmediato despertó críticas y rechazo del gremio cultural, por proponer la eliminación de entidades adscritas, la desaparición de juntas administrativas, consejos y juntas directivas, y concentrar el poder de decisión en el jerarca de turno.

Guadamuz intentó, con poco tino, defender ante los diputados la que se suponía era la propuesta estrella de Rodrigo Chaves para el sector cultural, pero en Cuesta de Moras no solo no encontró eco, sino abundancia de cuestionamientos. Al final, y sin ninguna sorpresa, el proyecto de ley recibió el voto negativo de los congresistas de la Comisión de Asuntos Sociales el 26 de junio.

Este fracaso bien pudo ser el causante lógico de la destitución de la ministra, finalmente ocurrida el sábado. Además, en reiteradas ocasiones la diputada oficialista Ada Acuña había pedido con vehemencia al presidente Chaves que sacara a Guadamuz del MCJ. Sin embargo, el gobernante no reaccionó a la solicitud de una de las escuderas que más lo ha defendido en el Legislativo, pero, al parecer, sí puso atención cuando le llovieron reclamos desde otra bancada, en un tema sin relación con la gestión cultural, y se apuró a cesar a la cuestionada jerarca.

Nayuribe Guadamuz fue destituida por haber firmado una declaratoria de interés cultural para la Marcha del Orgullo, la ya tradicional celebración de la diversidad sexual en las calles de San José. La Casa Presidencial alegó que la declaratoria se dio sin habérsele consultado al presidente, quien al parecer no estaba al tanto ni de la actividad masiva ni del visto bueno, no solo de la ministra, sino de él mismo, pues el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, también había rubricado el documento en representación del mandatario. Además, la marcha contó con la venia del Ministerio de Salud y otras instituciones, como ha sido usual desde hace más de una década.

La declaratoria de interés cultural para la Marcha del Orgullo la dio el Poder Ejecutivo el 18 de junio, pero Chaves reaccionó once días después, cuando diputados conservadores del Partido Nueva República la emprendieran contra el mandatario en las redes sociales por el respaldo del MCJ a la actividad.

Remover a Guadamuz y al comisionado de inclusión social Ricardo Sossa Ortiz por la firma de la declaratoria, inevitablemente, avivó entre los costarricenses las discusiones sobre los derechos de la población LGTBIQ+ que tanto nos han polarizado como país, especialmente desde las elecciones del 2018. El Ministerio de Cultura firma con frecuencia todo tipo de declaratorias similares para actividades muy variadas, pero en Zapote la única que generó molestia fue la relacionada con la Marcha de la Diversidad.

Aun así, la marcha se desarrolló sin inconvenientes y con una nutrida participación, aunque con la inexplicable ausencia de la Policía de Tránsito.

En suma, el caso contra la gestión de la exministra Guadamuz se pudo construir desde hace mucho, y con motivos de sobra. Sin embargo, nada de lo que hizo o dejó de hacer al frente de su cartera fue motivo para removerla y, al final, como ha sucedido en otras tantas salidas durante la administración Chaves Robles, la funcionaria pagó los platos rotos de una decisión política que poco tenía que ver con su trabajo.