EscucharEl daño causado por la corrupción en la función pública nunca se limita al valor de lo sustraído o malversado. Comprende, además, el deterioro de la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. La corrupción aviva el cinismo y el desapego de legiones de ciudadanos, convencidos de su impotencia ante el abuso. Luego, puede ser aprovechada por demagogos de todo cuño para acentuar el daño y alzarse con el poder.
La ley y la jurisprudencia reconocen la existencia de un perjuicio inmaterial y difuso con la aceptación del concepto de daño social, una afectación de intereses de la colectividad más allá de los efectos materiales de los actos de corrupción, cuyo resarcimiento es igualmente exigible. La Procuraduría General de la República viene haciendo reclamos de esa naturaleza desde principios de siglo.
La corrupción también echa a perder iniciativas valiosas para la administración de la cosa pública y la promoción del desarrollo. La ley de incentivos turísticos impulsó el desenvolvimiento de esa industria en Costa Rica, pero con el tiempo se prestó para abusos que dieron al traste con su utilidad. El estímulo de las importaciones mediante certificados de abono tributario también probó su valía y, tiempo después, su vulnerabilidad ante la corrupción.
Son apenas dos ejemplos de una larga lista de buenas políticas alteradas por la corrupción al punto de anular su eficacia. Lo mismo podría ocurrir con las cooperativas contratadas por la Caja Costarricense de Seguro Social para manejar los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) si el Ministerio Público logra demostrar una trama para inflar los precios de los servicios ofrecidos.
El sistema ha operado con éxito a lo largo de más de tres décadas y, según datos de la propia Caja, le ha ahorrado miles de millones. Los usuarios de los Ebáis siempre han manifestado satisfacción en las encuestas y estudios efectuados por la Caja para medir la calidad de los servicios.
Esos logros no han impedido constantes esfuerzos de importantes sectores empeñados en evitar la tercerización. En ocasiones, esas iniciativas han tenido éxito, solo para demostrar, poco después, el aumento de costos y la insatisfacción de los usuarios, como sucedió con los Ebáis administrados por la universidad Unibe e institucionalizados cuando venció el contrato.
En abril del 2020, una iniciativa similar, pero más ambiciosa, zozobró cuando la Junta Directiva de la Caja decidió, por unanimidad, renunciar a la idea de quitar el manejo de 117 Ebáis a cuatro cooperativas encargadas de administrarlos desde 1988 en varias comunidades de San José y Heredia con más de 560.000 habitantes.
Los directivos declararon “inviable” el traslado de la administración de los Ebáis a la Caja porque le costaría entre ¢16.000 millones y ¢26.000 millones más al año, entre otros motivos, por las diferencias en las remuneraciones del personal en la institución y fuera de ella, según el Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial.
Si las investigaciones emprendidas por la Fiscalía Anticorrupción del aparente sobreprecio en los nuevos contratos adjudicados a las cooperativas culminan con la demostración del delito, el peso de la ley debe caer en su totalidad sobre los responsables, sin menoscabo de un sistema útil y prometedor para un futuro de dificultades financieras en la seguridad social. La corrupción en la Caja es un crimen especialmente repudiable en virtud de los fines de la entidad, pero la buena administración es de capital importancia por las mismas razones.
