EscucharLa ampliación de la lista de especies de fauna silvestre sujetas a explotación comercial pasó con tanta fugacidad como era de esperar de un acto criticado desde el primer instante y al unísono por la academia, los conservacionistas y la población en general. La efímera existencia del acuerdo, no obstante, deja una estela de dudas sobre el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y su idoneidad para desempeñar la delicada tarea encomendada por la sociedad costarricense.
Iguanas, tortugas, corales y decenas de otras especies aparecieron de pronto en la lista comercializable, sin la menor justificación previa ni indicios de estudios técnicos para sustentar la decisión. Solo había un acuerdo, tomado con todas las formalidades por los directores del Incopesca, para ampliar la lista de 34 a 234 especies de flora y fauna.
La lista pone en duda la capacidad científica del Incopesca para desempeñar funciones de protección y explotación racional de las riquezas bajo su vigilancia. La anulación del acuerdo también reprochó la falta de consulta, siquiera, a la Comisión de Coordinación Científico Técnica de la propia entidad.
Para dejar sin efecto el acuerdo, los Ministerios de Agricultura, Ambiente y Energía, Comercio Exterior y Ciencia y Tecnología señalaron la necesidad de apegarse a la ley y abrir un período adicional de consultas, incluida la de la Comisión de Coordinación Científico Técnica. El Incopesca, queda claro, no solo actuó sin el auxilio de la ciencia, sino también con inobservancia de la ley. Esto debería bastar para comenzar una investigación de las motivaciones y fines del acuerdo. ¿Cuál fue su origen y por qué llegó hasta La Gaceta, el 28 de abril, sin la menor oposición?
Pero quizá la duda más inquietante nazca de la referencia en el acuerdo inicial a supuestas consultas dirigidas por los biólogos del Incopesca al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).
Una por una las instituciones desmintieron la afirmación, casi siempre con evidente alarma por el contenido de la lista y su impacto sobre el ambiente. El listado incluía a la tortuga verde de oreja roja y la de oreja amarilla, garrobos e iguanas, ocho tipos de corales y trece de esponjas marinas, de las cuales dependen otras formas de vida.
Ángel Herrera Ulloa, director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (UNA), no solo negó haber sido consultado, sino que calificó la lista como una seria amenaza a las poblaciones de fauna y flora del país. “Devuelve nuestra perspectiva ambiental a la Costa Rica de 1970″, remarcó.
Álvaro Morales Ramírez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR), también negó haber sido consultado y dijo haber visto la lista con mucha preocupación. Mario Coto Hidalgo, director técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, más bien recordó al Incopesca el deber legal de hacer las consultas omitidas y hasta el viceministro de Ambiente Rafael Gutiérrez Rojas negó haber recibido la consulta.
¿Cómo se incorporó al acuerdo la referencia a las consultas no planteadas? ¿Quién es el responsable? Las preguntas no deben quedar sin respuesta ni las omisiones sin sanción. El valor de los bienes ambientales sometidos a la custodia del Incopesca es demasiado alto para disponer de él a la ligera. El país merece una explicación.
