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Luego de un largo proceso de consultas y algunas enmiendas propuestas por el propio Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la empresa estatal se opuso, por el poco convencional medio del servicio de mensajería electrónica Whatsapp, a la aprobación del proyecto de ley de generación distribuida.
La normativa permitiría a las empresas generar energía limpia para su propio consumo e inyectar parte del excedente a la red nacional para obtener créditos aplicables cuando necesiten utilizar energía de esa misma red. El proyecto, en línea con los compromisos ambientales del país, contribuiría a fortalecer la generación limpia a precios competitivos, incrementaría nuestros atractivos para la inversión extranjera y abarataría los costos de producción de la industria local.
También competiría con el ICE, cuya aversión a ceder siquiera un palmo de su monopolio llega al punto de condenar a las chatarreras la inversión de los generadores privados a quienes se niega, incluso, a permitirles exportar electricidad al resto de Centroamérica. Esos empresarios primero ofrecieron su producto para consumo local a una fracción del costo de generación de la empresa estatal, pero el monopolio estatal no muestra premura para trasladar el ahorro a los abonados.
La principal objeción del ICE al proyecto de «Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables» es la posibilidad de inyectar los excedentes a la red. No obstante, el artículo 12 de la iniciativa exige que la empresa distribuidora a la que el generador esté conectado tenga interés en adquirir los excedentes. Además, la compra debe resultar en un beneficio económico para la distribuidora y el resto de sus abonados.
En suma, la ley daría a las empresas distribuidoras la opción de comprar el excedente si eso las beneficia a ellas y a sus abonados, pero no les impone una obligación. Prever la posibilidad de un beneficio para la actividad económica y para los hogares no debería ser motivo de rechazo a la ley que, quizá, no llega suficientemente lejos. En ausencia de limitaciones técnicas, la compra de excedentes debería ser obligatoria si con ella se favorece la competitividad y la economía de los hogares.
Las objeciones de última hora causaron sorpresa en el sector energético cuyos actores, incluido el ICE, mantuvieron negociaciones para llegar al texto que está a punto de ser enviado al plenario. Paola Valladares, diputada de Liberación Nacional e impulsora del plan, encontró contradictoria la petición de frenar el trámite para llegar a otros acuerdos. Según la legisladora, el 4 de noviembre, el ICE y otros participantes del mercado eléctrico trabajaron hasta lograr un texto consensuado, con ajustes a petición de la empresa estatal.
A pesar de eso, el ICE no se siente bastante protegido. Quizá tenga algo de razón. Todo resquicio de su monopolio debe preocuparle mientras no se decida a adoptar la eficiencia como norma. El ICE electrificó al país y extendió las telecomunicaciones a todos los puntos de la geografía nacional. Lo logró con la iniciativa de un puñado de visionarios y el apoyo de todos. Las circunstancias de hoy demandan otra visión y los méritos del pasado no deben nublar la vista de las exigencias futuras.
Los diputados tienen en sus manos la oportunidad de contribuir a satisfacer esas exigencias en un momento de graves dificultades. Todas las soluciones pasan por la reactivación de la economía y el costo de la energía es un factor crítico para lograrla. Ojalá el ICE se pusiera al frente del esfuerzo pero, si no lo hace, tampoco se le debe permitir hacer las veces del lastre.
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