EscucharLa Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), emblemático reducto del rigor académico, el pensamiento libre y la independencia intelectual en el país, se convirtió en la más reciente víctima del oscurantismo represivo desatado por la dictadura de Daniel Ortega.
El martes 15, una decisión terminante del régimen, ejecutada con docilidad por una jueza de Managua, ordenó el cierre de la institución, la incautación de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias y demás activos financieros, medida que también abarca a sus principales personeros.
El “¡Muera la inteligencia!” de Ortega no podía ser más sonoro y grotesco. Porque si bien otras 26 instituciones de educación superior nicaragüenses ya habían corrido la misma suerte, como parte de la arremetida de control total ejecutada por la camarilla en el poder desde abril del 2018, la estatura y simbolismo de la UCA son legendarios. Fundada por los jesuitas en 1960, fue la primera universidad privada abierta en Centroamérica. Desde entonces, ha estado directamente vinculada tanto con la formación e investigación de calidad como con el impulso de los valores de indagación crítica, autonomía, apertura, integridad, dignidad individual y libertad en que debe sustentarse toda institución educativa. Es, por desgracia, lo que ahora está pagando.
Y si arbitraria y aberrante es la decisión, más aún lo es la espuria justificación que la sustenta: calificar a sus directivos de “traidores al pueblo nicaragüense”, culparlos de atentar “de forma continua contra la independencia, la paz, la soberanía nacional y la autodeterminación” y de incitar “a la desestabilización del país, lesionando los intereses supremos de la nación y tratados internacionales de derechos humanos”. Además, les atribuye actos que, según el libelo acusatorio, aparte de ir contra “convenios y tratados internacionales de derechos humanos”, alteran “la paz, la seguridad y el orden constitucional”.
El cinismo no puede ser mayor, y es solo equiparable a las consecuencias de desmantelar un centro de educación superior que contaba con más de 5.000 estudiantes y 546 docentes e investigadores, quienes se aprestaban a reanudar lecciones este lunes. Al contrario de la absurda justificación oficial, la violación a esos tratados, esos derechos, esa paz y ese orden constitucional proviene, precisamente, del régimen. Por algo el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró lo siguiente: “Un Estado que cierra una universidad u otra institución educativa por motivos tales como la seguridad nacional o la preservación del orden público tiene la carga de justificar una medida tan grave”. Ortega, lejos de explicar, porque no puede, solo ha lanzado tóxicas cortinas de humo que a nadie convencen.
Además, en uno de sus tantos ejercicios de cínico travestismo retórico, ahora con rasgos macabros, la dictadura anunció el jueves que la UCA sería reabierta como Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Este es el nombre de un estudiante asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza, precisamente por haberse enfrentado a su represión y luchado por la libertad, al igual que tantos jóvenes masacrados, encarcelados o exiliados por enfrentarse a la de Ortega.
La mezcla de arbitrariedad, postración, represión, desdén y oscurantismo de la que hace gala el dictador con esta medida y otras que la preceden no tiene parangón. Ni siquiera Somoza llegó a tales extremos durante los momentos más duros de su dominio. Pareciera que para Ortega el futuro del país, que depende de sus jóvenes, su educación y su formación, es totalmente irrelevante. Para él solo existe la inmediatez de seguir en el poder a toda costa, mientras a su alrededor la economía colapsa, la sociedad se quiebra, la población se paraliza y los derechos más elementales se esfuman.
No nos cansaremos de repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones: si los recursos de que dispone el pueblo para enfrentársele son en extremo limitados, los de la comunidad internacional son amplios. Desde fuera no se podrá cambiar el régimen, pero mediante una solidaridad más activa, amplia y sostenida, cada vez se debilitará más. En el fondo, el cierre de la UCA es una muestra de fuerza bruta para compensar las agudas debilidades estructurales del régimen. Es una ruta también sin futuro.
