La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es rotativa y, en esta oportunidad, le correspondería a Nicaragua, de no ser por la ilegitimidad de su gobierno, elegido con la oposición encarcelada, y el efecto desestabilizador de su armamentismo, incluidas sus peligrosas alianzas militares extracontinentales.
El carácter dictatorial del régimen no admite duda. La brutal represión de las protestas de abril del 2018, las decenas de presos políticos, las limitaciones a la libertad de expresión y la desaparición de organizaciones de la sociedad civil consideradas desafectas por el régimen son hitos en la rápida escalada del autoritarismo de Daniel Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo.
La inclinación militarista del régimen queda en evidencia con la compra de armamento pesado, entre estos, tanques, artillería remolcada y lanzacohetes. Ortega es el principal acicate de una carrera armamentista centroamericana cuyas consecuencias solo pueden ser tan negativas como lo fueron antaño. La desestabilización se intensifica mediante alianzas con regímenes igualmente totalitarios y los preparativos para recibir a sus tropas en territorio nicaragüense.
Entre las posibles invitaciones, Rusia ocupa un lugar prominente. El injustificado ataque contra Ucrania muestra con claridad el menosprecio de Moscú hacia la integridad territorial de otros países y los valores fundamentales de la convivencia.
La cercanía del régimen de Ortega, al punto de brindar hospitalidad a las tropas de Vladímir Putin, cohonesta la agresión del Kremlin y demuestra una visión compartida, con grave peligro para el Istmo.
Costa Rica experimentó en carne propia las consecuencias de ese menosprecio cuando el régimen de Ortega y Murillo invadió isla Calero en el 2010. Nuestro país logró restablecer sus derechos en la Corte Internacional de Justicia, pero la presencia militar nicaragüense se prolongó durante años y causó serios daños ambientales.
Abundan las razones para evitar el traspaso de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana al régimen de Ortega y Murillo. Esas razones deberían ser compartidas por los demás gobiernos del Istmo, pero, afortunadamente, Costa Rica podría impedir el desacierto sin el concurso de los demás.
Con nuestro apoyo, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA decidió respaldar al candidato de Ortega durante la Reunión de Presidentes del Istmo, encargada del nombramiento definitivo.
No obstante, el artículo 14 del Protocolo de Tegucigalpa requiere consenso para las decisiones de la Reunión de Presidentes. Bastaría, pues, la oposición nacional para evitar la elección.
Los ocho expresidentes de Costa Rica enviaron una carta al mandatario Rodrigo Chaves para solicitarle proceder de esa manera con el fin de preservar los principios fundamentales de la política exterior nacional.
La defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz trascienden, desde hace décadas, los cambios de gobierno para constituirse en una verdadera política de Estado. La práctica de esos valores ha forjado una identidad nacional, reconocida en todos los foros. La elección del secretario del SICA es una oportunidad para reafirmarla.
Como bien dicen los expresidentes, “resultaría incongruente con esos valores que defiende y promueve Costa Rica avalar la elección de un candidato propuesto por el régimen despótico y opresor que gobierna Nicaragua, para que ocupe el principal cargo del Sistema de la Integración Centroamericana”.
Diputados de varias bancadas se unieron al llamado de los exmandatarios, y el canciller, Arnoldo André, dijo compartir sus consideraciones. También se comprometió a hacer consultas internacionales sobre la elección. Ojalá la decisión definitiva interprete correctamente las aspiraciones nacionales.
El artículo 14 del Protocolo de Tegucigalpa requiere consenso para las decisiones de la Reunión de Presidentes. Bastaría, pues, la oposición nacional para evitar la elección del candidato de Daniel Ortega.