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Si bien no encuentra la fórmula óptima para estimular la compra de vehículos eléctricos, Costa Rica se esfuerza por conseguirlo. La estructura de los incentivos es objeto de crítica, pero el mercado crece, demostrando también la disposición de los consumidores a adoptar la nueva tecnología, cada vez más barata y eficiente.
Tanta voluntad de transitar en la dirección correcta pierde impulso cuando entra en contradicción con los dogmas del mercado energético. Únicamente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las distribuidoras eléctricas con concesión de servicio público pueden construir y operar estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos.
Permitir a un particular la venta de electricidad era impensable hace cuatro años, cuando se aprobó la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico. La normativa asignó al ICE y sus distribuidoras el desarrollo de la red de electrolineras necesarias para hacer factible el desplazamiento de autos eléctricos por todo el país.
Cuatro años más tarde, el encargo sigue pendiente de cumplimiento. El ICE apenas logró instalar 39 estaciones de servicio con dispensadores de energía para recargar las baterías de los vehículos eléctricos fuera de la Gran Área Metropolitana y luego el desarrollo de la red se estancó. Las distribuidoras añadieron otras 15 para elevar el total a 54, número insuficiente para garantizar a los conductores el servicio adecuado.
Mientras tanto, la flotilla de vehículos eléctricos aumenta con rapidez, quizá no al ritmo deseado por los consumidores y los impulsores de la política de electrificación del transporte particular, pero sí a un paso revelador de las posibilidades si existiera una red de estaciones de recarga. Durante los primeros 11 meses del 2023, el Registro inscribió 5.153 vehículos eléctricos, frente a los 1.893 en el 2022.
Un proyecto de ley promovido por la diputada Kattia Cambronero propone levantar la contradictoria limitación a la compra de autos eléctricos mediante la incorporación de particulares al desarrollo de la red de centros de recarga. El proyecto logró un dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión Permanente Especial de Ambiente, pero, no obstante el sentido común de la propuesta, tuvo dos desconcertantes votos en contra.
No se trata de una medida radical de apertura. Solo de la posibilidad de instalar electrolineras que el aparato estatal no consigue ofrecer. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fijará obligaciones específicas para los empresarios y velará por el respeto a los principios de acceso universal, precios justos y sostenibilidad. También definirá las tarifas cobradas por las distribuidoras a los centros de recarga, garantizándoles una rentabilidad justa, y fiscalizará las operaciones financiadas por medio de un canon del 0,05 % sobre el precio final de cada recarga.
Ojalá, para bien del ambiente y mejor uso de las fuentes autóctonas de energía, el proyecto logre una rápida aprobación del plenario. La capacidad nacional de generación de electricidad limpia tiene debilidades demostradas en años recientes. La imprevisión eleva la producción térmica y nos tuvo al borde del racionamiento; sin embargo, nadie duda de que ese no es el camino y el país tiene potencial para explotar otras fuentes.
El desarrollo del transporte eléctrico es un incentivo para hacerlo mientras limpiamos, también, la flotilla vehicular más contaminante de Centroamérica y la República Dominicana, según el análisis publicado a comienzos de la década por el Informe Estado de la Región.
No hay razones para impedir la contribución de la empresa privada a la implantación de una tecnología reconocida como beneficiosa y merecedora de incentivos fiscales. Los réditos ambientales y económicos, además del estancamiento de la red actual de electrolineras, acreditan la urgencia de la reforma.
