EscucharLa Contraloría General de la República no pudo ser más contundente cuando anuló la adjudicación de los Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana). La nulidad del contrato es “absoluta, evidente y manifiesta”, es decir, no hay forma de subsanarla y resulta obvia a la luz de una revisión apenas diligente.
El criterio del ente fiscalizador sobre un contrato valorado en ¢31.310 millones para atender el Área de Salud San Francisco-San Antonio invita a preguntar, en primer término, cómo es posible tratar tan cuantiosos recursos públicos tan a la ligera. El asombro es todavía mayor cuando se considera la adjudicación de otros nueve contratos con el mismo defecto. En total, las diez contrataciones costarían ¢471.000 millones a lo largo de 10 años.
El vicio compartido es la adjudicación de los contratos por la Junta Directiva de la CCSS sin apegarse a los criterios técnicos sobre precios excesivos, primero del Área de Contabilidad de Costos, el 8 de abril del 2024, y, un mes más tarde, del equipo conformado con personal de varias gerencias para estudiar las propuestas. El 2 de mayo, la Junta de Adquisiciones de la institución también recomendó, en razón de los altos costos, declarar infructuoso el proceso.
No obstante, la Junta Directiva empleó informes insuficientes, con fallas metodológicas, elaborados por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, en aquel momento directora de Proyección de Servicios de Salud y luego gerenta general de la Caja. La ausencia de un estudio preciso de la razonabilidad de los precios en el mercado afecta a las otras nueve adjudicaciones tanto como a Coopesana, pero la Contraloría solo pudo pronunciarse en relación con esta última porque en ningún otro caso hubo un segundo oferente interesado en apelar la adjudicación. El recurso se fundó, precisamente, en la falta de aplicación de los criterios técnicos sobre precios.
Pero la Gerencia de Logística de la CCSS ya anunció, además del inmediato acatamiento de la anulación del contrato de Coopesana, la incorporación del criterio de la Contraloría al examen del refrendo de las demás adjudicaciones, que están en firme pero carecen de esa última revisión interna. Así, la sombra de la nulidad “absoluta, evidente y manifiesta” del contrato con Coopesana se proyecta sobre la totalidad de las adjudicaciones.
Para visualizar la pérdida de la Caja en este episodio no es necesario esperar la resolución de sus funcionarios sobre los nueve contratos y mucho menos la conclusión del llamado caso Barrenador seguido contra Marta Esquivel, presidenta ejecutiva, la gerenta Gutiérrez Brenes y seis directivos y exdirectivos. Basta con pensar en el tiempo desperdiciado desde el inicio de la licitación y las consecuencias de tanta inestabilidad.
La tercerización de servicios ofreció a la institución aseguradora importantes beneficios financieros durante más de tres décadas. En el 2017, en medio del recurrente debate sobre la contratación de proveedores externos, la Auditoría de la Caja calculó que el costo de contratar el manejo de los Ebáis era un 50 % menor. El cálculo salió de la propia institución, como ahora la denuncia de los precios excesivos. Las encuestas de satisfacción de los usuarios también daban a las cooperativas altas calificaciones.
¿Cómo pasamos de aquellas condiciones a las actuales? Los tribunales se encargarán de esclarecerlo, pero el daño causado es enorme. En el mejor de los casos, habrá un retroceso a las etapas iniciales de un proceso de licitación iniciado hace años. En el peor, lo sucedido servirá para poner en duda las bondades del sistema y renovar la resistencia interna a la tercerización.
