EscucharLos Ebáis administrados por las cooperativas de salud son mejores y más baratos. La calidad la testimonian los usuarios en las encuestas de satisfacción hechas por la Caja Costarricense de Seguro Social y los costos fueron acreditados por cálculos internos de la misma institución.
Por eso, las ambiciones de la burocracia de la seguridad social de excluir la contratación de terceros solo prosperaron en el caso de la Universidad de Iberoamérica (Unibe), despojada de sus contratos y sustituida con costos mayores y menor satisfacción de los usuarios. El programa de “institucionalización”, es decir, de reabsorber los Ebáis administrados por universidades y cooperativas sin importar el interés nacional, iba viento en popa, pero tropezó con un estudio del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial, que estimó el aumento anual de los costos de 117 Ebáis en ¢16.000 millones como mínimo y hasta ¢26.000 millones, equivalentes al 60% del costo actual.
La diferencia era injustificable en plena pandemia, con los ingresos de la Caja por los suelos y los gastos en aumento. La Junta Directiva renunció a la institucionalización y dio luz verde a la renovación de los contratos mediante licitación, pero los Ebáis manejados por las cooperativas son un pésimo ejemplo. Sus costos demuestran los excesos de la Caja, los asegurados aprecian el trato esmerado y algunas cooperativas han tenido la osadía de plantear horarios ampliados para mejorar el acceso al servicio.
Para enfrentar semejante reto, la Caja encontró una solución en los términos del cartel de licitación. Introdujo una serie de exigencias dirigidas a equiparar los servicios mediante la reducción de la calidad de la atención prestada a 600.000 asegurados adscritos a los centros médicos administrados por las cooperativas.
Para borrar toda distinción, también exigió pintar los Ebáis con los colores de la Caja y desplegar el logotipo de la institución. Con los nuevos signos externos y la equiparación hacia abajo de los servicios, la sociedad no encontrará diferencias y quedará el camino allanado para retomar la institucionalización.
Es difícil creerlo, pero los nuevos requisitos despejan toda duda. La Caja, tan generosa en la contratación de personal, se ha puesto ahorrativa en el caso de las cooperativas. La demanda de servicios creció en los tres años de retraso sufridos por las licitaciones mientras se les daba tiempo a las maniobras de institucionalización, pero el cartel de licitación pide reducir las contrataciones, además de establecer onerosos ajustes en equipo e infraestructura.
Mientras se decidía a celebrar la licitación, la Caja mantuvo a las cooperativas en el limbo de las contrataciones directas durante un año. Cuando suscribió el contrato con Coopesaín, por ejemplo, permitió aumentar plazas en farmacia, laboratorio y enfermería, pero ahora el cartel obliga a despedir a ese personal, cuyo salario apenas afecta la diferencia de costos con los Ebáis de la Caja. La presencia de esos empleados, por otra parte, mejora significativamente la atención de más de 57.000 asegurados.
El ejemplo ilustra cuán caprichosas resultan las exigencias del cartel de licitación; sin embargo, no hay mejor prueba que la autorizada opinión de la Contraloría General de la República. De las 80 objeciones planteadas por las cooperativas, aproximadamente 57 fueron atendidas y deberán ser modificadas en una nueva versión del cartel.
Si la Caja se decide a actuar con el interés público por norte, y no el deseo de alimentar su burocracia, no debería haber más debate. El modelo de tercerización funciona y debería ser ampliado, cuando menos, mientras la institución encuentra un sistema más barato y mejor, no peor y más caro.
