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El diputado socialcristiano Óscar Cascante recibió en la Asamblea Legislativa, en al menos ocho ocasiones, a Robert Soto Rivera, sospechoso de integrar una banda dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero. La última visita ocurrió el día antes de la detención de Soto por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 25 de mayo.
El legislador hizo numerosas gestiones en favor de los negocios promovidos por Soto y otros sospechosos de integrar la organización, como Luis Guillermo Cartín Herrera y su hijo Alejandro Cartín Ramírez. Intercedió ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Banco Popular, la Presidencia de la República y la Municipalidad de Limón.
Ahora, una información de nuestra periodista Michelle Campos revela la concesión de un contrato para remodelar la escuela de Riojalandia, en Barranca de Puntarenas, cuando el diputado Cascante fungía como director. La adjudicación se produjo en abril del 2018, un mes antes de la juramentación del legislador. La contratación por ¢240 millones se hizo mediante invitación girada a cuatro empresas, sin publicitar el concurso.
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Cascante rehusó contestar las preguntas de este diario por considerarlas «sugestivas», pero negó haber enviado las invitaciones a participar en la licitación y citó como prueba el expediente de la contratación. No obstante, Hilda Angulo Velásquez, entonces presidenta de la Junta de Educación, afirma que la invitación a la empresa representada por Soto Rivera fue enviada a instancia del diputado.
La contradicción surge a la par de otras extrañas circunstancias. Una empresa con sede en Curridabat, cuya experiencia en construcción no consta en los registros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y solo aparece en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) como proveedora de suministros para oficinas, de pronto se adjudica la obra en Riojalandia.
También llama la atención la relación surgida entre el director de la escuela, próximo a ser diputado, y el representante de la empresa ganadora del contrato. Si Cascante no conocía a Soto ni participó del envío de la invitación a la empresa por él representada, tampoco tuvieron mucho tiempo para entablar relación porque el contrato apenas se adjudicó un mes antes de la juramentación del nuevo Congreso y la sustitución del director.
Según el OIJ, la organización con que vincula a Soto, actualmente en prisión preventiva, trasegaba drogas entre Colombia y Europa. También invirtió al menos $20 millones en diversos bienes e incursionó en vivienda social, venta de arroz, turismo y un motel con el presunto objetivo de lavar capitales.
En su comparecencia ante la comisión legislativa creada para investigar la penetración del narcotráfico en la zona sur, Cascante dijo haber tenido contacto con Soto y otro de los investigados, el fallecido Luis Guillermo Cartín Herrera, por un proyecto de vivienda social en Corredores, pero aseguró conocer al primero desde la contratación de las obras en la escuela.
Pese a las intervenciones del legislador en favor de los negocios de los sospechosos y pese a más de 30 visitas de los investigados a la Asamblea Legislativa, la comisión decidió retirar las convocatorias giradas a Soto y a Alejandro Cartín Ramírez para rendir testimonio. La razón alegada fue la necesidad de ordenar la investigación. Las versiones contradictorias sobre la contratación en Riojalandia y sus extrañas circunstancias deberían revivir el interés de los legisladores. También importa el testimonio de la presidenta de la Junta de Educación cuando se tramitó el contrato. El esclarecimiento de las circunstancias de la contratación podría aportar mucho a la razón de ser de la comisión, si hubiera interés.
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