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El 14 de noviembre, el presidente Rodrigo Chaves se presentó con varios días de retraso a las zonas afectadas por los torrenciales aguaceros de esos días, y se ocupó de repartir bolsas de comida frente a las cámaras del gobierno a la usanza de la más añeja política clientelista. Con indescriptible insensibilidad y una bolsa de alimentos en los brazos, preguntó a uno de los damnificados si le gustaría verlo tirar la comida al río. La respuesta no se hizo esperar: “¡Por nada en la vida!”.
Entonces, el mandatario calificó el posible desperdicio como “un pecado” y atribuyó la pecaminosa intención a los diputados de oposición: “¿Usted sabe que hay diputados de la República de Costa Rica hoy diciendo ‘no le dé a la gente de Coto estas cosas'? Porque, diay… imagínese el tipo de ocurrencias".
La obvia falsedad de la afirmación quedó en evidencia cuando este diario preguntó, uno por uno, a los legisladores oficialistas si habían escuchado a alguno de sus colegas de oposición proponer semejante crueldad. Ninguno tenía noticia y ninguno se animó a fabricarla, como lo había hecho el presidente, porque el desmentido habría sido fácil y contundente.
La misma consulta fue enviada a la Casa Presidencial, pero no hubo respuesta hasta el 5 de diciembre, 22 días después. El mandatario habló en “sentido figurado” cuando acusó a los legisladores de oponerse a la entrega de comida, dijo el gobierno, pero no hay forma de encontrar la metáfora, alegoría o simbolismo en el diálogo con el damnificado. Tampoco hay sentido figurado en la afirmación pronunciada en otra casa afectada: “Esto es lo que mandaron de El Salvador, el pueblo salvadoreño, que aquí nos están criticando mucho porque quieren que botemos esta comida”.
Según el gobierno, el mandatario “pronunció esa frase en sentido figurado, tratando de hacer referencia a que no aceptar la ayuda que tan amablemente nos dio el Gobierno salvadoreño era como lanzar la comida al río”. Hay una enorme distancia entre eso y afirmar que hay diputados diciendo “no le dé a la gente de Coto estas cosas” o asegurar que “nos están criticando mucho porque quieren que botemos esta comida”.
Pero de nuevo la Casa Presidencial se abstiene de revelar cuáles diputados de oposición exigieron rechazar la ayuda. No hubo uno solo. Los legisladores más bien autorizaron el ingreso de militares salvadoreños en misión humanitaria aunque el gobierno debía pedir el permiso antes de recibir a los soldados. Para no quedar pintados en la pared y minimizar la lesión a la Constitución Política, los legisladores pidieron detalles del contingente y otras explicaciones. Nunca se opusieron a su ingreso y mucho menos a la distribución de la comida. Desperdiciarla habría sido doblemente cruel, dadas las necesidades del empobrecido pueblo salvadoreño.
Los gobernantes deben hablar con la verdad o, por lo menos, no difundir la mentira. En la sentencia del caso Ríos y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consignó: “En una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos".
Además, dice la sentencia, deben tener en cuenta que en cuanto que funcionarios “tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer estos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado".
