EscucharLa Unión Médica Nacional pidió explicaciones al presidente, Rodrigo Chaves, y su ministra de Salud, Joselyn Chacón, sobre la inesperada decisión de eliminar la vacunación obligatoria contra la covid-19. La carta pide a las nuevas autoridades copia de dos documentos probablemente inexistentes. Por un lado, exige ver el acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología donde se pone fin a la obligatoriedad de la inoculación. Por otro, pide copia de los criterios epidemiológicos, técnicos y científicos que fundamentan la decisión.
Para que exista el primer documento, la comisión encargada de las directrices sobre vacunación a lo largo de la pandemia debió dar un inesperado giro, sin motivación conocida, en los últimos instantes de la administración Alvarado. En ese caso, el decreto no tendría el pretendido carácter innovador, porque la obligatoriedad habría sido declarada innecesaria por el ente designado por ley para hacerlo con apego a la técnica.
Tampoco hay criterios epidemiológicos, técnicos y científicos capaces de fundamentar la decisión. Por el contrario, hay un fuerte consenso en la comunidad científica sobre la necesidad de fortalecer la vacunación e intensificar la investigación sobre la enfermedad, su prevención y tratamiento. Nadie ha declarado el fin de la pandemia y todas las estadísticas acreditan el éxito de las vacunas y el riesgo asumido por los no vacunados.
La Unión Médica Nacional sabe de la probable inexistencia de los documentos solicitados. Su propósito es demostrarla. Si no hay acuerdo de la Comisión, el decreto firmado con toda solemnidad durante el primer consejo de gobierno sería ilegal. La Ley Nacional de Vacunación, número 8111, crea la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología como órgano técnico con desconcentración máxima y le asigna funciones claramente especificadas.
El artículo 3 designa como obligatorias “las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología”, que se crea en esa ley, “en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social”.
La participación de la Comisión es indispensable para definir los esquemas de vacunación obligatorios. A su vez, la Comisión debe actuar en coordinación con el Ministerio y la Caja. Ninguna de las dos condiciones se cumplió en este caso. La medida fue dictada por decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Esa circunstancia prácticamente excluye la consideración de criterios epidemiológicos, técnicos y científicos. Esa es la segunda vertiente de la crítica dirigida por la Unión Médica contra la medida anunciada por el mandatario en su discurso de toma de posesión. La crítica es compartida por científicos de todas las instituciones dedicadas a estudiar la pandemia.
La eliminación de mascarillas y vacunas obligatorias se anuncia cuando las autoridades sanitarias de todo el mundo temen una nueva ola de infecciones con graves consecuencias para la salud y la economía. La Casa Blanca acaba de advertir a los estadounidenses sobre la posibilidad de sufrir 100 millones de casos en el otoño y el invierno próximos. La advertencia se hizo en respaldo de una petición de presupuesto para preparar al país frente a la amenaza.
Costa Rica, con su limitada disponibilidad de financiamiento, deberá defenderse con los recursos existentes. Si necesitara más, se vería obligada a incurrir en nuevos sacrificios. El mejor camino es la prevención, y en eso estamos mejor posicionados que los estadounidenses gracias a la exitosa campaña de vacunación desplegada en los últimos meses. La institucionalidad capaz de producir esos resultados debe ser respetada, tanto como la prudencia.
