EscucharEl Poder Ejecutivo presupuestó ¢2.600 millones para el plan de instalar cárceles en carpas antes de ejecutar estudios técnicos sobre la viabilidad del curioso plan. El análisis del propio Ministerio de Justicia y Paz, presentado el martes a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, confirma la poca seguridad y corta vida útil de las instalaciones propuestas.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, renunció a la idea y anunció el propósito de construir prisiones de concreto, pero no explicó la partida incorporada al presupuesto del 2024 para ejecutar un gasto multimillonario sin ningún sustento técnico. A la luz del dictamen, no cabe duda del desperdicio de recursos públicos si los diputados de la Comisión de Hacendarios hubieran aprobado la partida.
Rechazarla les costó un fuerte ataque del presidente Rodrigo Chaves, quien amenazó con exponerlos ante la opinión pública si recibía una orden de liberar reos para aliviar el hacinamiento carcelario. “Si llega una orden judicial y nos dicen ‘suelten a este montón de golondrinos y golondrinas’, vamos a publicar la lista de los diputados que, en comisión, sacaron esa línea presupuestaria, y a decirles: ‘Vayan, pregúntenles a ellos’, porque ahí lo que hay es un montón de escandalillos”, afirmó. “Si eso ocurre, vamos a decir: ‘Esta diputada y este diputado son los culpables por negarle el presupuesto al gobierno”, insistió.
El 12 de julio, el mandatario dijo haber visto estudios técnicos que en ese momento no existían, según admitió el Ministerio de Justicia, consultado por este diario, y queda confirmado ahora, con el dictamen negativo presentado al Congreso el martes. Chaves se refirió a los inexistentes estudios para descartar el criterio del exviceministro Exleine Sánchez Torres, en cuya opinión las cárceles de carpas son una “ocurrencia abominable”.
El despido del funcionario coincidió con su oposición a la idea de las carpas. “La opinión de un exfuncionario, en este caso de don Exleine... a mí no me va a hacer cambiar los criterios técnicos que he visto, a menos que él presente un caso técnico”, manifestó Chaves.
La idea había echado raíces en el gobierno, a juzgar por la destitución del viceministro que la criticó, la alusión a estudios inexistentes, la incorporación de la partida presupuestaria sin ningún sustento técnico y la amenaza de culpar a los diputados de la posible liberación de reos por orden judicial.
El ministro de Justicia dijo haber viajado a España con una delegación de su despacho para conocer el sistema penitenciario de ese país y eventuales soluciones a la falta de espacio para la población carcelaria. Las ambiguas declaraciones daban la impresión de que las carpas eran una idea traída de España, pero en realidad, semanas antes del viaje, el ministro recibió en su despacho a representantes de la empresa española interesada en vender las estructuras. Llegaron a él de la mano de Arturo Salazar Valverde, gerente de Datasys, una exitosa contratista del gobierno. Según Campos, Salazar le planteó la idea de las carpas y fungió como contacto entre el Ministerio y la empresa española ARPA.
En España, donde no hay cárceles de carpas, el ministro y su comitiva no podrían haber visitado ninguna. El Ilanud, organizador del viaje, negó haber incluido en la agenda una visita a ARPA o a cualquier otra empresa privada. Únicamente pactó encuentros con los jerarcas del gobierno español y directores de centros penitenciarios. El viaje a Zaragoza lo hicieron en tren, por aparte, el ministro y la viceministra Carolina Castro. La idea de las carpas está muerta, pero vivió demasiado tiempo y con demasiadas consecuencias, como para no haber dejado una tupida estela de dudas.
