Editorial: ¿Golpe final en Venezuela?

Todo indica que el nuevo nivel de tensión, creado artificialmente por el régimen, busca desviar la atención internacional de sus espurias maniobras, mientras la maquinaria de control y represión sigue su curso, con minuciosa perversidad.

Ante este designio, no solo la UE, sino todos los países y organismos democráticos del mundo deben mantenerse firmes. Y aquellos que tengan a su disposición las herramientas necesarias deben tomar también las sanciones del caso contra Maduro y sus secuaces. Nada garantiza que de este modo vaya a frenarse la marcha totalitaria en Venezuela, pero cuando menos la hará más difícil, impondrá costos a sus artífices y reiterará a los demócratas venezolanos, cada vez más presionados e impotentes, que no están solos en su desigual lucha.

Desde que el 12 de junio la decorativa Corte Suprema de Justicia (CSJ), apéndice del régimen, nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro, la UE desconoció la validez del acto y, por tanto, tampoco el nuevo ente. Lo mismo hicieron los verdaderos opositores dentro del país. El 16, como parte de su escalada, la misma Corte entregó el control del legendario partido socialdemócrata Acción Democrática al político tránsfuga Bernabé Gutiérrez, quien había sido expulsado de esa agrupación por su complicidad con Maduro. Y, al día siguiente, el directorio de otro férreo partido opositor, Primero Justicia, fue suspendido y, en su lugar, la CSJ designó otros miembros, también dóciles.

Ante esta cadena de hechos, la Unión Europea adoptó fuertes sanciones contra 11 funcionarios del régimen, en particular, la directiva de la espuria Asamblea Nacional Constituyente y los miembros maduristas del CNE. Las medidas incluyen la prohibición de viajar a Europa y la congelación de sus activos allá. Con ellos, son ya 36 los funcionarios del régimen castigados por la Unión, que en noviembre del 2017 decretó un embargo de armas a Venezuela.

El lunes 29 de junio Maduro, en un teatral desplante de indignación, otorgó 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante, para que abandonara el país, y la emprendió con una retórica incendiaria contra la Unión. Ante ello, Bruselas anunció medidas recíprocas. Pero el jueves, cuando se cumplía el plazo, siguió con su teatralidad, dejó sin efecto la medida y pidió “gestos”, que no especificó, a ese bloque.

Al día siguiente, el CNE ratificó que las elecciones para una nueva Asamblea Nacional se realizarán en diciembre y luego fijó la fecha para el 6. Además, anunció que el número de escaños se elevaría de 167 a 277, y dijo que 86 partidos, muchos de ellos totalmente desconocidos, participarán en los comicios. Sin embargo, dada la falta de garantías, la arbitrariedad contra sus agrupaciones, la represión generalizada y el dominio casi total de los medios de comunicación por parte régimen, la verdadera oposición decidió no participar. En realidad, no tienen otra opción.

La gran incógnita es qué seguirá. Los augurios son pésimos. A menos que los militares le quiten su apoyo a Maduro, es casi imposible que este abandone el poder, aunque el país se precipite en un colapso humanitario total. Por lo menos, podría comprar tiempo hasta diciembre para reclamar una renovada, aunque inexistente, legitimidad, y tratar de que la oposición interna se apague y la comunidad internacional se canse. ¿Tendrá éxito? Hay que hacer lo posible por que no. Pero tememos que, en este momento, el régimen ha tomado de nuevo la iniciativa. Se necesitarán estrategias muy robustas, concertadas y fundamentadas para quitársela.