EscucharDesde finales de la semana pasada, empezaron a surgir una serie de publicaciones en redes sociales en apoyo a las políticas de gobierno –y, en particular, a la figura del presidente de la República– en temas de seguridad, narcotráfico y pobreza. Más allá de la abismal distancia entre la realidad de los resultados de dichas políticas y el fingido entusiasmo de las loas de las publicaciones, lo que llamó la atención de la población y de los medios de comunicación fue que el grueso de estas provenía de cuentas pertenecientes a vietnamitas, indios, colombianos y mexicanos, algunas bajo nombres ininteligibles para muchos.
Las publicaciones aparecieron masivamente, pocos minutos después de que el gobierno de la República “posteara” en sus cuentas oficiales información sobre actividades del ministro de Seguridad en un decomiso de narcotráfico; de la primera dama, sobre arte y recreación, y de una visita del presidente Chaves a la isla Chira, en Puntarenas. La maniobra fue tan burda que la sospecha es que se trataría de publicaciones originadas en granjas de troles contratadas para tales propósitos, es decir, de bots o cuentas automatizadas que propagan, mediante algoritmos, mensajes prefabricados, noticias falsas o propaganda engañosa para influir en el posicionamiento de determinadas ideas o conceptos, en la formación de la opinión pública, o incluso en el resultado de algunas elecciones.
Los antecedentes de este gobierno refuerzan dicha tesis: los ataques masivos que, en las redes sociales, reciben quienes se atrevan a disentir o criticar al mandatario o sus ministros; funcionarios que instaban a troles criollos para que dirigieran su furia contra diputados y periodistas que los cuestionaran; el abuso del poder contra los medios de comunicación no afines y sus propietarios; interferencia laboral y hasta amenazas contra la integridad física de quienes se les opongan, son todos indicios claros que apuntan a un inaceptable modus operandi utilizado por el gobierno y sus seguidores para distorsionar la realidad y acallar la crítica.
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Esta más reciente proliferación de mensajes idénticos de troles vietnamitas pro-Chaves se produce en el contexto de una actitud cada vez más violenta del presidente en sus giras y conferencias de prensa de los miércoles y en momentos en que existen investigaciones en curso en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en relación con denuncias de alegada beligerancia política, a contrapelo de la Constitución y las leyes.
Lo anterior hace que, justificadamente, surjan válidas preocupaciones. La primera es si esta nueva embestida debe hacernos temer que el presidente y su gobierno estarían dispuestos a intervenir de manera inapropiada en la campaña electoral que recién se inicia. Nadie podría negar que toda administración gubernamental tiene derecho a informar de su labor y a defender legítimamente sus proyectos y cualesquiera logros que crea tener. Pero una utilización inescrupulosa de bots para la desinformación sistemática de la opinión pública a través de las redes sociales acarrearía peligros muy grandes para la democracia, al punto que podría llegar a distorsionar el resultado de unas elecciones y la voluntad popular, como ya ha sucedido en otros países. Esto nos obliga a todos a estar atentos y afinar los mecanismos de control que permitan detener a tiempo cualquier eventual abuso de parte de quienes detentan el poder.
La segunda preocupación reside en quiénes y cómo estarían financiando esta arremetida. Los costarricenses tenemos derecho a saber si, para esta posible contratación, se han utilizado fondos públicos o de algún organismo internacional, y, en el caso de que los gastos estuvieren siendo sufragados personalmente por alguien, quién o quiénes son esos individuos y de dónde provienen esos dineros, así como los montos que han sido destinados a este propósito. Esa información es todavía más relevante si se consideran los graves cuestionamientos que el partido del presidente y sus contribuyentes tienen en relación con el financiamiento de la campaña electoral del 2022.
La transparencia debida en cuanto al origen, financiamiento, alcances, motivaciones y objetivos de esta nueva amenaza es esencial para garantizarle a la población que el gobierno cumplirá con su deber de imparcialidad, que no intervendrá abierta ni solapadamente en las elecciones venideras, y que no recurrirá directa o indirectamente a la desinformación masiva de la opinión pública.
