Escuchar
Cuando los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios preguntaron al ministro de Justicia, Gerald Campos, por los evidentes faltantes en el presupuesto del 2025, su sorprendente respuesta confirmó la crítica al nuevo papel del Ministerio de Hacienda como instancia definitoria de la política pública. Hay un faltante de ¢10.000 millones, dijo Campos, porque su cartera elaboró el presupuesto a partir del monto suministrado por Hacienda y no de conformidad con las necesidades de Justicia.
Los déficits saltan a la vista cuando se compara el plan de gastos con el año anterior. ¿Cómo podría haber una reducción de ¢10.082 millones en alimentos y bebidas si no cae abruptamente la población penitenciaría? ¿Cómo explicar la reducción de ¢2.195 millones en agua y alcantarillado, o ¢673 millones en energía eléctrica y ¢492 millones en vestuario? La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la comisión, no pasó por alto el sinsentido ni se dio por satisfecha con la justificación recibida por Campos de Hacienda: la sujeción a la regla fiscal.
“¿Sabe cuánto está creciendo la regla fiscal en este presupuesto? La diferencia es de apenas el 0,90 %, incluyendo el gasto corriente y el gasto de capital. Quiere decir que no es cierto que a ustedes no se les puedan aumentar los renglones requeridos porque se incumple la regla fiscal”, dijo la legisladora, dirigiéndose a Campos. Ramírez despejó toda duda sobre la posibilidad de incluir los recursos desde ahora en lugar de someter al Ministerio de Justicia a la precariedad de esperar la aprobación de presupuestos extraordinarios a lo largo del año.
La discusión en torno al presupuesto de Justicia no es caprichosa. La cartera se encarga de todo el sistema penitenciario, cuyas cárceles están sobrepobladas, mientras la Asamblea Legislativa impulsa reformas para disminuir los beneficios concedidos a los reos, aumentar la aplicación de la prisión preventiva y extender penas.
Cada una de esas medidas aumentará la población penitenciaria, como en su momento lo hicieron los tribunales de flagrancia, establecidos para juzgar con prontitud a los imputados sorprendidos en el acto de delinquir. Si el número de privados de libertad crece, también lo harán los gastos, y Justicia difícilmente podrá enfrentarlos con el mismo presupuesto, para no hablar de un faltante de ¢10.000 millones en relación con el año que termina.
El Ministerio de Hacienda sabe recortar, pero no necesariamente tiene claridad sobre las consecuencias de esos recortes en ámbitos especializados de la política pública, como la compleja política criminal del Estado, cuyos protagonistas incluyen a los diversos cuerpos policiales, los operadores de la justicia y otras instituciones. El Ministerio de Justicia es de las menos mencionadas en el debate público, pero desempeña una función esencial.
El país está sumido en una estremecedora oleada delictiva cuya expansión afecta la calidad de vida y amenaza el bienestar económico. Cualquier respuesta al fenómeno pasa por atender las deficiencias del sistema penitenciario, cuya sobrepoblación ronda el 119 % según datos del propio ministro Campos.
El presupuesto incluye un aumento del 3,11 % en el rubro de remuneraciones para contratar 212 funcionarios, 100 de ellos para la Policía Penitenciaria y 74 para la Dirección de Adaptación Social, pero hay dependencias clave con poco personal. El Instituto Nacional de Criminología funcionaba con nueve empleados, ninguno de los cuales era criminólogo cuando este diario informó al respecto en abril del año pasado. Están encargados de revisar unos 380 casos mensuales para determinar si los privados de libertad deben permanecer en la cárcel, pasar a un régimen semiabierto o recibir algún otro beneficio. Las consecuencias de esa delicada labor apenas requieren comentario.
