Editorial: Historia futura

La oposición a gravar la canasta básica parece una defensa de los desposeídos y así se vende. En realidad, la exoneración puede tener el efecto contrario. La ventaja del impuesto al valor agregado (IVA) está en la trazabilidad de las transacciones ocurridas a lo largo de la cadena productiva. Cada actor cobra a su cliente el IVA sobre el valor que le añadió al producto, resarciéndose, a la vez, del impuesto pagado a sus proveedores. Si el productor no cobra el IVA al detallista o al consumidor debido a una exoneración del producto terminado, tampoco podrá deducir el impuesto pagado al comprar los insumos necesarios para la producción. Ese costo no recuperado probablemente lo incorporará al precio final.

Para evitar ese efecto, sería necesario exonerar los insumos, con lo cual disminuyen los ingresos fiscales y se amplía la cantidad de operaciones sustraídas del control fiscal creado por el IVA. Por eso es preferible imponer a la canasta básica una tasa bajísima que exonerarla del todo. La exoneración, por lo demás, crea oportunidades de evasión para los productores y comercializadores, en especial los grandes.

Un gravamen modesto preserva la cadena de cobro, cierra puertas a la evasión y produce ingresos fiscales necesarios para estabilizar al fisco. Esa realidad conduce a señalar otra contradicción de los pretendidos defensores del pueblo. Si la exclusión de artículos drena el plan fiscal, su producto será insuficiente para frenar el deterioro de las finanzas públicas y una de las consecuencias será la inflación, es decir, el más cruel de los impuestos.

El país, en especial quienes rondan los 50 años de edad o más, saben del efecto devastador de la inflación de dos dígitos. En casi cualquier año de la década del 80, el fenómeno influyó sobre los precios en un porcentaje diez o más veces mayor que el IVA propuesto en la actualidad para la canasta básica. En 1985, un año de inflación relativamente baja para la década, los desajustes económicos elevaron los precios en un 15 %.

A fin de cuentas, la canasta básica puede salir muchas veces más cara, no solo por la interrupción de la cadena de pago del IVA, sino por el desajuste económico acrecentado por las posturas y la demagogia de un grupo de diputados. La defensa de los necesitados comienza por la protección de la estabilidad económica porque ellos sufren, en primer lugar y de forma desproporcionada, los efectos de las crisis. Quien lo dude puede preguntar a la mitad de la población caída en la pobreza durante los años 80.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, previene contra la transformación de la “distribución de sacrificios” implícita en el plan fiscal en una “distribución del dolor”. Pero es indispensable señalar que el dolor no se reparte por parejo y, cuando se desata, poco se puede hacer para salvar a los más vulnerables, sobre todo si la crisis fiscal obliga a disminuir el gasto social.

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Los diputados harían bien si adoptaran la disciplina de imaginar cómo sonarán sus palabras de hoy en medio de un futuro descalabro. ¿Habrá alguien dispuesto a agradecer la eliminación de un 2 % de impuesto a la canasta básica cuando la inflación eleve su precio en un 15 % o mucho más? ¿Importa el modesto gravamen a la educación privada si los jóvenes se ven obligados a abandonar las aulas en masa, como lo hicieron en la época de la crisis? La administración fiscal del gobierno pasado y los demagogos del Parlamento en la época del Plan de Solidaridad Tributaria de Laura Chinchilla ya se adjudicaron un lugar en esa posible historia futura. Ojalá la lista no crezca y el descalabro no se produzca.