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Opina el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en un artículo publicado hoy en esta sección, que la carta dirigida por la Unión Europea a su antecesor, el ahora presidente Rodrigo Chaves, el 7 de enero del 2020, no fue una advertencia, como informó el principal titular de La Nación del 15 de febrero.
Lyudmila Petkova, presidenta del Grupo sobre Código de Conducta del Consejo de la Unión Europea, señaló al entonces ministro de Hacienda la existencia de regímenes de exención de impuestos a ganancias obtenidas en el exterior que, de acuerdo con los parámetros europeos, pueden contener “elementos nocivos” cuyo resultado es una doble no imposición. Es decir, no hay pago de impuestos ni en el país ni en el extranjero.
Acto seguido, Petkova escribió: “Los Estados miembros de la Unión Europea, en conjunto con el Consejo, han identificado un régimen de este tipo en su jurisdicción y nos gustaría comprometernos en un diálogo con el fin de evaluar si los regímenes contienen los elementos nocivos antes mencionados”.
A la luz de ese párrafo, la opinión del ministro Acosta carece de fundamento. Basta repasar las acepciones de advertir en el Diccionario de la Real Academia Española para entender la pertinencia del verbo en este caso concreto. Advertir, según la primera acepción, es “fijar en algo la atención, reparar, observar”. De conformidad con la segunda, es “llamar la atención de alguien sobre algo, hacer notar u observar”. El tercer significado es “aconsejar, amonestar, enseñar, prevenir” y el cuarto, “avisar con amenazas”.
Cualquiera de las tres primeras es perfectamente adecuada, pero también la cuarta. Por lo menos así lo entendieron los funcionarios del Ministerio de Hacienda. A raíz de la carta recibida en enero, Carlos Vargas, exdirector de Tributación, advirtió —sí, advirtió— a Priscilla Zamora, hoy viceministra de Hacienda, “el riesgo que se ve en el horizonte por el régimen territorial de renta en el país…”.
Los acontecimientos dieron la razón a la alarma de Vargas. Su correcta comprensión de las circunstancias y de la carta de advertencia —sí, de advertencia— obedece al encabezado de la misiva y también al conocimiento del sistema tributario nacional. “La lista de la UE de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Régimen de exoneración de ingresos originados en el extranjero”, dice el asunto por tratar en la carta. La lista de las jurisdicciones no cooperantes es, ni más ni menos, la famosa lista gris. Ese hecho no se le escapó a Vargas, como tampoco la presencia de los referidos “elementos nocivos” en la ley nacional.
Si tomáramos por su valor facial las afirmaciones hechas por el ministro Acosta “en honor a la verdad”, concluiríamos que el actual presidente no entendió la comunicación recibida. No comprendió el significado de la mención de la lista gris y su desconocimiento del sistema tributario le impidió visualizar los “elementos nocivos” que sus subalternos tenían bien identificados en “el régimen territorial de renta en el país”, como lo demuestra el correo de Vargas a Zamora.
El ministro está empeñado en un juego de chapas, como suele decir el presidente. Su primera reacción ante la noticia de la inclusión de Costa Rica en la lista gris fue culpar a la administración anterior, como si no tuviera nueve meses en el cargo, nombrado por quien conoció el riesgo de caer en el listado desde enero del 2020. La revelación de la carta de Petkova echó por tierra la coartada. Esa es, en honor a la verdad, la razón del juego de chapas.
Acosta absuelve al entonces ministro de Hacienda porque remitió la información requerida por la UE el 16 de marzo del 2020 y, posteriormente, “el asunto quedó en manos de la UE, sin que hubiera aspecto alguno que atender antes de que el ahora presidente de la República dejara su cargo como ministro de Hacienda, en el mes de mayo de 2020″. Es decir, solo Carlos Vargas y los participantes de menor rango en las discusiones internas entendieron que en nuestra ley tributaria había “elementos nocivos” de conformidad con los parámetros de la UE.
Según Acosta, la UE no “anexó una guía con opciones para corregir las debilidades tributarias”, como bien dice la nota periodística. En realidad —afirma—, compartió los lineamientos “con base en los cuales se estaría, posteriormente, evaluando el régimen de exención de rentas territoriales con que cuenta Costa Rica”. En otras palabras, las máximas autoridades del Ministerio no lograron identificar los “elementos nocivos” ni adelantarse a la evaluación de la UE siquiera con vista en los lineamientos enviados por Petkova. Esa hazaña solo la lograron los subalternos.
Según el ministro, las autoridades no recibieron una guía, sino “lineamientos” con los cuales la UE evaluaría, posteriormente, los defectos cuya existencia resultaba obvia para los funcionarios de Hacienda, a pesar de lo cual nada se hizo, salvo mandar información y dejar el asunto en manos de los europeos. Como es evidente, el asunto siguió “en manos de la UE” después de la juramentación de Acosta.
