Elian Villegas, ministro de Hacienda, cuestiona el enorme presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el manejo financiero, la forma de calcular la deuda del Estado, los altos costos de administración del sistema de pensiones y también los de la atención médica. Antes de hacer el valiente análisis, se cuidó de elogiar el papel de la entidad en nuestra sociedad.
Tiene razón en todos los puntos, incluida la precaución de destacar la trascendencia de la Caja antes de comenzar a criticarla con toda justicia. Consciente de su importancia, la Caja y su burocracia, en compañía de sectores políticos afines a los intereses del funcionariado, han logrado durante décadas enfrentar todo cuestionamiento acusando a quien lo formula de enemigo de la seguridad social.
La Caja es una institución indispensable y, lejos de menguar, sus servicios deben ser fortalecidos. Precisamente por la trascendencia de su misión, las falencias no pueden ser ignoradas. Especial atención merecen las largas filas de espera que impulsan a ciudadanos de escasos recursos a procurar atención privada o los obliga a padecer durante demasiado tiempo las molestias de sus enfermedades.
Pero la atención puede ser suministrada con más calidad y a menor costo. Lo sabemos por muchas vías, pero la prueba irrefutable está en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) contratados con universidades y cooperativas. Estudios de la propia Caja lo han confirmado una y otra vez.
Un análisis de costos del 2015 calculaba en un 50 % la diferencia entre los Ebáis administrados por terceros y servicios similares prestados por la institución. El año pasado, la Junta Directiva renunció a “institucionalizar” 117 Ebáis manejados con eficiencia por cuatro cooperativas desde 1988 porque el Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial advirtió de un aumento en los costos de entre ¢16.000 millones y ¢26.000 millones anuales, es decir, hasta un 60 %.
La comparación explica por qué la Caja ha movido cielo y tierra para liquidar el modelo de tercerización. La diferencia de costos y el aumento de la satisfacción de los usuarios, también comprobado por estudios internos de la entidad, lleva a preguntar cuánto se podría ahorrar en los demás Ebáis. La pregunta ofende los intereses de la burocracia, y la reacción inmediata es la acusación de animadversión hacia una institución que nos enorgullece a todos y podría enorgullecernos más.
Las cooperativas, por ejemplo, han propuesto ampliar horarios para recibir pacientes en la noche y, también, los sábados. Se adelantarían, así, a la sugerencia de la comisión integrada para estudiar la crisis financiera de la institución durante el gobierno de doña Laura Chinchilla. El turno adicional podría financiarse con el ahorro de jornadas extraordinarias y algo más, perfectamente rescatable de otros renglones del exuberante presupuesto que permite un gasto corriente de más de ¢5 billones, comparable al del Gobierno Central, sin intereses (poco más de ¢6 billones).
La sugerencia de hace tantos años no se ha llevado a la práctica porque afecta directamente los intereses de los beneficiados con las horas extras y la limitación del horario de atención. Esos, desde luego, no son los usuarios, razón de ser de la institución que prefiere subutilizar sus caras instalaciones antes de incomodar a su frondosa burocracia.
A estas alturas, no debería existir temor a explorar todas las posibilidades, incluida la compra de servicios privados si resultan más baratos y de mejor calidad, siempre bajo rigurosa supervisión de la Caja. Es hora de plantear la discusión, junto con otras derivadas de las declaraciones del ministro, entre ellas, el cuestionamiento del cálculo de los costos trasladados al Estado sin ninguna consideración en las difíciles circunstancias del país.