EscucharEl hostigamiento y el acoso sexual persisten porque infinidad de instituciones públicas y privadas insisten en encubrirlos, caracterizarlos como faltas menores o sancionarlos con la mayor levedad posible. La regla es lavar los trapos sucios en casa y cerrar el expediente con la mayor celeridad posible.
Ninguna institución está exenta de responder a la violencia sexual de conformidad con la ley, pero hay algunas llamadas a dar el ejemplo en virtud de su relevancia y significado para la sociedad. Las principales universidades públicas, por ejemplo, decepcionaron por su renuencia a sentar responsabilidades y abrir sus actuaciones a debate. Ahora, el secreto a voces de políticas similares en el Poder Judicial sale a la luz pública gracias a la protesta de dos magistrados en una sesión de la Corte Plena.
Con frecuencia, dijeron los altos jueces, las sanciones impuestas a personas con cargo de jefatura son muy leves y la víctima continúa en el puesto subordinado. La intervención de los magistrados obedeció a un informe de La Nación sobre la decisión del Consejo Superior del Poder Judicial de atenuar la sanción a un juez contravencional por acosar sexualmente a una subalterna entre el 2012 y el 2019, al punto de restregarle los genitales.
El Tribunal de la Inspección Judicial examinó la prueba y dispuso destituir al funcionario, pero el Consejo Superior revisó el caso y, por voto de mayoría, dejó sin efecto el despido e impuso una suspensión de tres meses sin goce de salario. La levedad del castigo y la continuidad de la relación de jerarquía son la receta perfecta para reprimir las denuncias. Si dar el paso al frente no vale la pena y expone a la víctima a mayores sufrimientos y represalias, es fácil entender el silencio, como el de la funcionaria agredida en este caso, que soportó el acoso durante siete años.
Como bien lo señaló Roxana Chacón, integrante de la Sala Segunda y coordinadora de la Comisión de Género, “se trata de procesos desgastantes para la víctima, cuyos hechos se logran probar en el Tribunal de la Inspección Judicial y salen con una recomendación de sanción que luego el Consejo Superior cambia para imponer sanciones menores o, en algunos casos, dejar libre a la persona”.
Asistida por la Dirección de Tecnologías de la Información, la Comisión de Género está llevando a cabo un inventario de casos porque desde hace meses viene detectando “muchos” expedientes que terminan en sanciones reducidas. El magistrado Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional, pidió conocer el resultado de la investigación en la Corte Plena y solicitó incrementar las medidas de protección de las víctimas.
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El interés de los magistrados tiene un altísimo valor, pero la información no debe permanecer dentro del Poder Judicial. Debe ser conocida por la sociedad entera, porque la rectificación de políticas en la Corte señalará el camino para otras instituciones y el primer paso de la corrección es un buen diagnóstico de las deficiencias.
El informe gestionado por la Comisión de Género es urgente y no parece ofrecer mayores dificultades. Toda la información está bien identificada y localizada en un solo lugar. La Dirección de Tecnologías de la Información debe actuar con sentido de urgencia. Si bien las injusticias cometidas no tienen remedio, su gestión diligente contribuirá a acelerar el cambio para frenar los abusos y alentar las denuncias.
El estudio también urge para resguardar el prestigio del Poder Judicial. En su nómina no puede haber un juez capaz de forcejear con una subalterna, como en el caso citado. No obstante, el estudio solo revelará el grado de condescendencia del Consejo Superior, y ese no es todo el problema. La Corte debe escudriñar cada rincón para erradicar estos comportamientos, consciente de que muchos hechos de esta índole no son denunciados y ni siquiera llegan al Consejo Superior.
