EscucharLos regímenes complementarios de pensiones existen porque en el año 2000 el gobierno entendió que el valor de las jubilaciones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social estaba destinado a disminuir paulatinamente. Cuando la Asamblea Legislativa creó el régimen obligatorio (ROP) y los fondos voluntarios, el beneficio del IVM alcanzaba el 60 % del salario de referencia. Cinco años más tarde, ya representaba entre un 43 % y un 52,5 %.
El deterioro continúa, como lo proyectaron los promotores de la Ley de Protección al Trabajador. En consecuencia, el complemento es todavía más necesario para ofrecer a los jubilados la oportunidad de una vejez digna. El sistema complementario fue un acto de previsión en un país acostumbrado a improvisar.
La importancia de los regímenes complementarios se agiganta debido a la inversión de la pirámide demográfica. Costa Rica envejece, el IVM se debilita y hay razones para temer las repercusiones sociales de un ejército de ciudadanos desvalidos. Por todas esas razones, el ROP y el régimen voluntario merecen estímulo y cuidado esmerado. Alarman, en consecuencia, los periódicos intentos de meter mano en sus arcas.
Es iluso pensar en una solución a la crisis fiscal o una negociación con el Fondo Monetario Internacional sin aumento de la carga impositiva, pero el tributo del 7,5 % sobre los rendimientos de los fondos de jubilación complementaria es un impuesto al futuro de quienes difícilmente obtendrán del IVM los recursos necesarios para una vejez digna.
También representa una promesa rota. En el 2000, el Estado reconoció la imposibilidad de preservar el valor de las pensiones del IVM e invitó a los costarricenses a remediar la deficiencia por su cuenta, con estímulos fiscales que ahora pretende recortar. De acuerdo con Rocío Aguilar, superintendenta de pensiones, las jubilaciones complementarias se reducirían cerca del 9,63 % si se aplicara el impuesto del 7,5 % sobre los rendimientos. Cuando el ROP esté maduro, decía la promesa estatal, el IVM aportaría un 40 % del último salario del trabajador y el ROP, un 20 %, para alcanzar el 60 % del total. El incumplimiento de la promesa reduciría el aporte del ROP al 18 % del último salario. Un pensionado acostumbrado a ganar ¢1 millón ya no recibiría ¢600.000 por su jubilación, sino ¢580.000.
La iniciativa figura entre las medidas incorporadas al proyecto de ley para aumentar la recaudación fiscal mediante la eliminación de exoneraciones. Según el Ministerio de Hacienda, el impuesto sobre los rendimientos de los regímenes de pensiones generaría unos ¢62.000 millones para atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas.
Existe en Costa Rica una pléyade de exoneraciones cuya permanencia no está sujeta a revisión periódica. Muchas podrían haber perdido su utilidad, pero, por las razones apuntadas, los estímulos fiscales al ahorro para la jubilación se justifican cada día más. El Ejecutivo debe buscar en otra parte los fondos para reducir el déficit fiscal.
Según la superintendenta Aguilar, cuya crítica a las exoneraciones injustificadas fue constante durante su desempeño como ministra de Hacienda, más del 60 % de los recursos disponibles para pagar el beneficio a un jubilado proviene de los rendimientos obtenidos por la inversión de sus ahorros mediante la operadora de pensiones. «El impacto más grande lo sufriría el ROP, porque el mayor porcentaje del fondo acumulado por el trabajador durante su tiempo de afiliado viene de los rendimientos y eso es lo que se estaría grabando», afirmó.
La situación fiscal es apremiante y es preciso generar nuevos ingresos, amén de reducir los gastos, pero conviene pensarlo dos veces antes de extraer recursos de los grupos más vulnerables, especialmente cuando hay tantos excesos y desperdicios de donde podría salir el dinero.
