EscucharLa independencia de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no es una decisión antojadiza del legislador. Su función es asegurar el equilibrio entre las condiciones económicas necesarias para mantener la prestación de los servicios y el precio justo exigido al consumidor. Para cuidar los dos extremos de la balanza, la decisión debe ser tomada sin contaminación de la política.
Por un lado, la fijación de precios puede enriquecer injustamente a quienes desarrollan actividades monopolizadoras, como las líneas de transporte concedidas en exclusividad por el Estado. En esos casos, existe una inmejorable oportunidad para la corrupción. En el marco de su reciente polémica con el ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, el regulador general, Eric Bogantes Cabezas, recordó que la ley de creación de la Aresep quitó al MOPT la potestad de fijar tarifas porque en su momento hubo un exceso de injerencia política en el proceso. “Esa lección y la historia pareciera como si algunos no las hubieran estudiado”, dijo Bogantes.
Por otro lado, la intervención de la política podría dar rienda suelta a la demagogia como elemento determinante de las tarifas hasta poner en riesgo la continuidad y calidad del servicio. La inclinación a sacar provecho de la función reguladora para congraciarse con la opinión pública o evitar su enojo se hizo evidente en los últimos meses con un subterfugio practicado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Cuando los precios de los combustibles tendían al alza, la empresa estatal rehusó mantener la práctica histórica de plantear propuestas de ajuste extraordinario, alegando que esa función es propia de la Aresep. Cuando lo precios empezaron a caer, Recope retomó la tarea de anunciar las peticiones de ajustes, con la evidente intención de adjudicarse el mérito de la rebaja cuando, en verdad, hubo un período prolongado de precios altos porque la compañía mantenía inventario comprado en mal momento, lo cual condujo a una extraña diferencia de precio entre la gasolina regular y la súper, que terminó siendo más barata.
El caso es particularmente relevante en este momento, cuando la Aresep y el MOPT polemizan por la demanda de rebajar el precio del transporte público atendiendo la revalorización del colón frente al dólar, sin contemplar otros aspectos del complejo proceso de fijación. La Aresep está obligada a asegurar la sostenibilidad del servicio y Recope lo aprovechó para cruzarse de brazos y exigir a los reguladores tomar decisiones impopulares. El MOPT, en cambio, se presenta como paladín de una causa popular, y exige a la Aresep hacer a un lado consideraciones técnicas sobre la sostenibilidad del servicio.
El contraste ilustra la razón de ser de los lineamientos adoptados por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la independencia de los órganos reguladores frente a las injerencias políticas, presupuestarias y cualesquiera otras presiones.
Esa independencia no debe ser confundida con la usurpación de potestades para hacer lo que le plazca, como dijo el ministro Amador. La Aresep funciona en un marco jurídico cuya transgresión implica responsabilidades. No debe apartarse del principio de legalidad y todo ciudadano está legitimado para reclamárselo ante los tribunales. Confundir su independencia de criterio con una licencia para el capricho o la arbitrariedad tiene tanto sentido como hacerlo con la función judicial.
El regulador general demostró firmeza y comprensión de sus funciones cuando salió al paso de las declaraciones de Amador. La preservación de la institucionalidad exige a sus jerarcas actuar con decisión cuando la ven amenazada.
