EscucharLa noticia es recurrente, pero no debe desaparecer de la discusión nacional mientras el problema persista. La inversión social costarricense es cuantiosa y mucho menos eficaz de lo esperado. Con la misma inversión, el país podría estar cerca de erradicar la pobreza y abrir oportunidades a decenas de miles de personas.
Las “filtraciones” del caudal de recursos públicos invertidos en la lucha contra la pobreza alcanzan los ¢55.000 millones al año. Esos recursos se distribuyen en 34.000 hogares para provecho de personas no necesitadas de ayuda, incluidas 1.050 familias con ingresos superiores a ¢1 millón. Mientras tanto, decenas de miles de potenciales beneficiarios quedan fuera del sistema.
Unos ¢30.000 millones de los ¢55.000 millones desperdiciados cada año van a parar a manos de los “colados” en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el resto se canaliza mediante el Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. A fin de cuentas, el 18,4 % de los receptores de esas considerables ayudas estatales no califican para recibirlas.
Hay otros programas, fuera del IMAS y la Caja, en los cuales el fenómeno se repite, además del considerable porcentaje del gasto social abiertamente canalizado hacia quienes no lo necesitan, como los aportes públicos a las pensiones de lujo y el financiamiento de estudios universitarios a jóvenes con los recursos necesarios para, por lo menos, ayudar a costear su formación profesional.
Los dos ejemplos son propios del gasto social regresivo que redistribuye riqueza abierta y deliberadamente entre quienes menos la necesitan. Hace poco, Costa Rica debatió intensamente la supuesta regresividad de la política tributaria, pero en la discusión nunca se tocó el tema del gasto social regresivo o al menos no se le identificó como tal.
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Juan Diego Trejos, investigador del Estado de La Nación, ha dado seguimiento al problema de las filtraciones y desviaciones del gasto social desde hace mucho tiempo. En el 2006, como investigador de la Universidad de Costa Rica y la Academia de Centroamérica, publicó un profundo análisis titulado: “¿A quién beneficia el gasto social?”. La respuesta señaló la necesidad de cambios, pero han pasado 13 años y los nuevos estudios confirman los ríos de recursos desperdiciados y la persistencia de grandes necesidades insatisfechas.
Pero el caudal de dinero llegado a manos de beneficiarios legítimos, y aun de los “colados”, ya viene disminuido. Gran parte de la inversión total queda atrapada en los vericuetos de la burocracia desarrollada para combatir la pobreza. La duplicación de esfuerzos entre decenas de instituciones y programas del sector explica, además, buena parte de las ayudas mal otorgadas. Este año el traslado de subsidios estudiantiles del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) al IMAS permitió detectar 5.000 beneficiarios simultáneos de ambos programas.
Según el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, la condición de las familias necesitadas es “dinámica” y los investigadores pueden captar como filtración un beneficio otorgado cuando el receptor estaba en condición de pobreza o vulnerabilidad. Es cierto, pero la afirmación dista mucho de explicar la generalidad de los hallazgos y el mismo dinamismo incorpora a las filas de los más pobres a quienes en determinado momento padecían menos necesidades. La tarea más urgente del sector es garantizar el uso eficiente de los recursos. El registro único de beneficiarios del Estado ayuda, pero no es el único recurso posible. El sector completo, así como sus procesos y procedimientos, deben ser revisados.
