EscucharSi un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informa a una paciente de la necesidad de una biopsia urgente y, luego, la institución le ofrece el examen en cinco meses, prácticamente la está enviando a hacérselo en la medicina privada, si puede costearla. Si no, la condena a vivir con miedo al avance de la enfermedad y la posibilidad de un diagnóstico tardío.
En una situación como esa, unos se sumergen en deudas para enfrentar los gastos y otros solo pueden resignarse a esperar. Los menos costean exámenes y tratamientos con sus propios recursos o aplican seguros privados inalcanzables para la mayoría de la población. Es la manifestación más dura de la inequidad y la Caja existe para evitarla, pero no lo logra.
Lo mismo puede decirse de males causantes de dolores agudos aunque no amenacen la vida. La seguridad social es irrelevante cuando un cálculo produce un dolor insoportable y la atención médica no es tan expedita como lo exige el sufrimiento, decía un médico con experiencia en la Junta Directiva de la Caja. En esas circunstancias, casi ningún esfuerzo es excesivo.
La urgencia de enfrentar dos de las principales causas de esta inequidad ha estado sobre el tapete en los últimos meses. Por un lado, el fracaso de los planes para reducir las listas de espera es una tragedia nacional y no hay un planteamiento renovado de iniciativas aptas para lograrlo. Las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada hace más de diez años para examinar la crisis del régimen de Enfermedad y Maternidad siguen archivadas por su incompatibilidad con fuertes intereses dentro de la institución.
La creación de un turno adicional, para aprovechar a plenitud la capacidad instalada de quirófanos y otras facilidades, permitiría reducir el pago de jornadas extraordinarias, con lo cual el aumento del gasto sería moderado, pero la reducción de las listas de espera sería dramática y también la mejoría de la atención al asegurado.
La idea choca contra la otra gran causa de la inequidad debatida en días recientes: la falta de especialistas. Para resolverla es preciso enfrentar a las organizaciones gremiales con firmeza y proveer al país de tantos especialistas como sea necesario y todavía algunos más. La formación de especialistas no se puede limitar a satisfacer las necesidades de la seguridad social. Una política realista debe reconocer la competencia por el talento con el sector privado. No hay manera de evitarla, y mientras haya escasez de médicos especializados la Caja tendrá dificultades para retenerlos.
Tampoco es prudente descartar la posibilidad de una colaboración de la medicina pública con la privada. Si los servicios particulares tienen capacidad de hacer biopsias y mamografías a costos competitivos con los de la Caja, no hay razón para darles la espalda por el prurito de la privatización. Ese fenómeno ya existe de la forma más cruel. La denegatoria de atención oportuna traslada pacientes a la práctica privada sin ningún apoyo de la seguridad social y con exclusión de quienes del todo no pueden enfrentar el gasto.
El biólogo especialista en cáncer Warner Alpízar lamenta el aumento de las listas de espera y del tiempo entre la sospecha, los exámenes y el diagnóstico. “¿Y cuánta gente tiene acceso a un diagnóstico privado?”, preguntó en declaraciones dadas a este diario para un reportaje publicado el domingo. “Hay inequidad y la gente con menos acceso a recursos privados es la gente que posiblemente se nos va a morir”, lamentó. Esa afirmación no dista mucho de la queja exasperada de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, cuando dijo: “No avanzamos, no avanzamos y la gente se está muriendo”.
Ese es el inaceptable extremo de la inequidad que se manifiesta de muchas otras formas en nuestra sociedad, con riesgo para la paz social. Con la creación y desarrollo de la Caja, Costa Rica se dotó a sí misma de un medio eficaz para reducir las brechas. Con su deterioro, vuelve a ampliarlas. Ese resultado no se le puede permitir ni a los intereses creados dentro de la institución ni a la demagogia.
