EscucharLa Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas (n.° 9852), aprobada el 26 de mayo del 2020, castiga hasta con 15 años de cárcel a los ladrones de hidrocarburos, pero el delito es todavía demasiado frecuente. La severidad de la pena se justifica por el grave peligro para vidas y bienes, que siempre acompaña la sustracción y el trasiego clandestino de combustibles.
No se trata de un simple robo, como quedó en evidencia el 13 de setiembre, cuando el derrame de combustible de un camión cisterna causó un incendio en Río Blanco de Limón. El fuego destruyó una edificación, siete vehículos livianos, dos cabezales, un furgón, cuatro cureñas (carretas para tráileres) y el propio camión cisterna. Un hombre fue hospitalizado con quemaduras en el 60 % del cuerpo y otro fue tratado debido a golpes. Los bomberos se esforzaron por evitar el paso del fuego a dos propiedades vecinas.
Pese a las cuantiosas pérdidas, el incendio es apenas una advertencia de riesgos que en otros países se han materializado con consecuencias mucho más trágicas. En México, la explosión en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, causó la muerte de 93 personas en enero del 2019 y ese mismo día, por razones parecidas, estalló el poliducto en San Juan del Río, estado de Querétaro.
Pese a las temibles consecuencias y la severidad del castigo posible, la sustracción clandestina es frecuente en el país. La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) estima en ¢2.000 millones sus pérdidas anuales, y este año ya encontró 130 tomas ilegales. A ese ritmo, las 156 tomas halladas en el 2022 podrían ser superadas en el 2023. Es decir, el problema crece no obstante la nueva legislación.
Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de Recope, puso el problema en su justa dimensión: “El robo de combustible no es un problema económico. Estos delincuentes nos están robando la paz porque ponen en peligro la vida de muchísimas personas inocentes”. Hay, sin embargo, una circunstancia agravante: el robo de combustible, en algunos casos, está vinculado con el abastecimiento de naves utilizadas para el narcotráfico. La gasolina de avión está entre los combustibles más apetecidos y resulta obvio donde se desarrolla el mercado clandestino de este combustible. La policía sospecha de la intervención de una banda con ese tipo de propósitos en el reciente caso de Limón.
El peligro está latente en todo el país. En Santa Rosa de Santo Domingo, provincia de Heredia, las autoridades detectaron dos tuberías clandestinas equipadas con componentes sofisticados, como válvulas industriales, para impedir la detección del robo. Las dos tuberías daban a una bodega cerca de la entrada de la propiedad, con capacidad para varios camiones al mismo tiempo. Los vecinos ni siquiera tuvieron la posibilidad de sospechar.
En junio del 2021, la policía encontró una conexión en una vivienda de Esparza, Puntarenas. En las habitaciones había dos tanques con unos mil litros de diésel cada uno. Eran auténticas bombas instaladas en la comunidad, como los camiones de la banda dedicada a sustraer combustible en una calle paralela a la ruta 27. Lo trasladaban a un predio en San Francisco de Heredia y de ahí a una gasolinera cercana, creando peligro a lo largo del recorrido con vehículos carentes de preparación para esas tareas.
Las ramificaciones del delito exigen una respuesta severa. Ningún caso de vulneración de la tubería de Recope es demasiado pequeño y, cuando se trata de operaciones sofisticadas, su procesamiento debe ser prioridad de las atareadas autoridades del Ministerio Público. Y los jueces harán bien si contemplan esas ramificaciones al fallar los casos.
