EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social retomó la atención en los Ebáis hasta hace poco administrados por la Universidad de Iberoamérica (Unibe). Con la nueva administración, vinieron las largas filas y el desabastecimiento de medicinas. Todo inicio es difícil. Quizá el paso del tiempo produzca mejoras, pero nadie garantiza un servicio superior al brindado hasta hace poco.
No cabe duda, por otro lado, de que será un servicio mucho más caro. La propia auditoría interna de la Caja lo admite. Según cálculos de esa oficina, el costo de contratar el manejo de los Ebáis con terceros es un 50 % menor. El exceso solo podrá justificarse si el servicio ofrecido por la Caja es significativamente superior, pero nada alimenta expectativas de tan dramática mejoría.
Según el estudio fechado en el 2017, los 37 Ebáis del este de San José costarían ¢4.227 millones adicionales en el primer año y la suma aumentaría en los siguientes. La Caja no tiene fondos para desperdiciar y las razones del cambio no han sido explicadas a satisfacción. Más allá de vagas alusiones a quejas no cuantificadas, la Caja no ha dado una justificación convincente para el aumento en los costos calculado por sus propios auditores.
La contratación de servicios a terceros no despierta simpatías entre los sindicatos de la institución, representados en la Junta Directiva y con fuerte influencia en todos los niveles, pero sería, cuando menos, irresponsable adoptar medidas tan costosas por razones de estrecho interés gremial o, simplemente, ideológicas. Los fondos salen del bolsillo de los ciudadanos, sean empleados o empresarios, y sus administradores tienen la obligación de invertirlos racionalmente. En este caso, hay motivos para dudar.
La Asamblea Legislativa no debería dejar a los ciudadanos con la duda. Sea mediante una comisión especial o en el foro ya establecido de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos, los congresistas deberían abocarse a esclarecer las razones y conveniencia del cambio. En otras oportunidades, hemos editorializado contra los excesos en el ejercicio del control político. En este caso, la intervención legislativa es indispensable para acreditar las bondades de la decisión tomada, la justicia del gasto adicional y la conveniencia de seguir por el mismo camino porque la Caja tiene pendiente la renegociación de contratos con cooperativas cuyos servicios han demostrado ser muy buenos y más baratos.
Si las ventajas del cambio no se confirman, el Congreso ayudará a enderezar el rumbo y a exigir responsabilidades, aunque tan solo sean políticas, a quienes tomaron la costosa decisión. La Asamblea no debe ser indiferente ante decisiones de tanto calado en una institución tan importante.
Las cooperativas son responsables de 135 Ebáis y atienden a más de 500.000 asegurados, en algunos casos desde hace 30 años. La posibilidad de “institucionalizar” la atención, como se hizo con los Ebáis de la Unibe, está en manos de la gerencia médica y la Junta Directiva.
La contratación de la atención primaria a terceros tiene demostradas sus ventajas a gran escala. Además del medio millón atendido por las cooperativas, la Unibe daba servicio a casi 200.000 habitantes de Montes de Oca, Curridabat y La Unión. Lejos de dar marcha atrás, hay razones para considerar la extensión del modelo.
La atención primaria de calidad alivia la presión sobre los niveles superiores del sistema de salud y aumenta la detección oportuna de males cuyo tratamiento es más eficaz y barato cuando se hace a tiempo. La ideología, los celos institucionales y los intereses gremiales empequeñecen frente a esos objetivos.
