EscucharLa pretensión del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de obtener de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) la información individualizada de todos los deudores del país es un ejemplo de insensibilidad frente a los derechos de los ciudadanos, falta de sentido de la oportunidad y pésima ejecución.
Es un mal momento para plantear, por primera vez en la historia, la pretensión de centralizar tanta información tan delicada y sumarla a las bases de datos de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Dirección General de Tributación Directa para hacer cruces entre ellas. Justo en este momento, la ciudadanía ha sido testigo del uso político de datos de Tributación y hasta la fabricación de “megacasos” de evasión a partir de informes recabados por TikTok, para no mencionar las debilidades demostradas por el hackeo de los sistemas del Ministerio de Hacienda.
En esas circunstancias, una petición sin precedentes, como la del Banco Central, solo puede ser recibida con profunda desconfianza. El Banco asegura, una y otra vez, que sus propósitos son exclusivamente estadísticos, pero esos estudios nunca hicieron falta en el pasado, y si son necesarios a partir de ahora, perfectamente pueden hacerse con datos anonimizados.
A falta de una justificación técnica convincente, las susceptibilidades crecen y el Banco, donde la credibilidad es uno de los atributos más preciados, atiza dudas innecesarias en un ambiente enrarecido por las desviaciones de poder y el uso inapropiado de datos privados, sean verdaderos o no.
En cuanto a la ejecución, la exigencia del Banco también se enmarca en un clima de agresividad y arbitrariedad desacostumbrado en Costa Rica. La petición fue dirigida a Rocío Aguilar, superintendenta de entidades financieras, quien se negó a entregar la información individualizada por respeto a su obligación de confidencialidad. Ante la insistencia del Banco, Aguilar propuso elevar una consulta a la Procuraduría General de la República, pero, sin esperar respuesta a esa gestión, la gerenta del instituto emisor, Hazel Valverde Richmond, presentó una denuncia penal contra la superintendenta por supuesta desobediencia.
El inusual intento de dirimir un desacuerdo entre instituciones por medios tan drásticos es una de las características más sorprendentes del caso y también se corresponde con una tendencia reciente a judicializar las diferencias, especialmente en la vía penal. El Banco Central actúa en armonía con el clima político e institucional del momento, pero eso puede hacer mella en la confianza depositada por décadas en la institución.
Para aumentar los recelos, no fue fácil conseguir del instituto emisor una identificación explícita de las bases de datos con las cuales pretende cruzar la información solicitada a la Sugef. Los periodistas debieron insistir el martes, durante una conferencia de prensa, para saber que se trata de la información recopilada por Tributación y la Caja.
La voracidad por los datos ajenos se extiende, además, a las transacciones de compra y venta de divisas. El Banco pidió a las entidades financieras información, con números de identificación, de las personas y empresas que compran y venden dólares en el mercado cambiario.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se han unido a diversos expertos para expresar apoyo a la superintendenta, preocupación por la iniciativa del Banco o ambas.
El tema suscita intensa polémica, pero los jerarcas del Banco Central —su presidente ejecutivo, Róger Madrigal, y su gerenta, Hazel Valverde, autora de la denuncia— no aparecieron en la conferencia de prensa convocada para dar explicaciones y designaron a personal técnico de menor rango para hacerlo. Esa decisión solo puede incrementar las dudas.
