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La Comisión de Infraestructura del Congreso decidió el lunes abrir una investigación sobre la tragedia ocurrida el 17 de setiembre en Cambronero, donde nueve personas perdieron la vida en un autobús impulsado al precipicio por un derrumbe similar a otro ocurrido poco antes. Apenas despejado ese deslizamiento, se decidió abrir la carretera al tránsito y sobrevino el accidente.
El hecho específico, allí donde ocurrió, era impredecible, pero las intensas lluvias y el primer deslizamiento apuntaban a la posibilidad de que sucediera. En ese caso, también eran previsibles las consecuencias. Hasta la fecha, poco sabemos de las razones para ordenar la apertura de la carretera. Una cadena de explicaciones confusas y contradictorias impide precisarlas.
La misión prioritaria de la comisión legislativa es examinar el procedimiento y los criterios vigentes. La tarea no puede quedar exclusivamente en manos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) porque es parte interesada. Tampoco basta con la investigación iniciada por la Fiscalía de San Ramón porque se orienta al establecimiento de responsabilidades penales, no a revisar la política pública en materia de mantenimiento y seguridad de las vías.
Entre las explicaciones ya ofrecidas está la existencia de un protocolo a cuyo amparo un ingeniero todavía desconocido dio la orden de abrir la carretera. El MOPT no ha publicado el protocolo ni tampoco el nombre del profesional encargado de aplicarlo. Son dos elementos indispensables para aclarar lo sucedido. El documento permitirá contrastar las decisiones con los requerimientos previstos de antemano. La identidad del ingeniero hará posible conversar con él para saber cómo ejecutó el protocolo y cuáles condiciones del terreno tomó en cuenta antes de autorizar la reanudación del tránsito.
Si el protocolo existe, es indispensable establecer su buen uso o la posibilidad de peligrosas omisiones en el texto. Si se limita a la forma de manejar un deslizamiento en concreto, sin atención a las condiciones del resto de la vía, Cambronero demostró su trágica insuficiencia. Por otra parte, ¿descansa el procedimiento sobre una simple revisión visual, como se dijo para desconcierto de los geólogos?
Pasada la tragedia, se anuncia el cierre de la vía hasta por tres meses. La gravedad de la decisión hace pensar en la constatación de graves riesgos para quienes transiten por ella. ¿Por qué no fueron identificados, cuando menos, después de la advertencia implícita en el primer deslizamiento?
Otras explicaciones cayeron por su propio peso. Al principio, se atribuyó la apertura de la vía a la negativa de la concesionaria de la ruta 27 a liberar los peajes para agilizar el tránsito mientras permanecía cerrada la ruta alterna. Fue una mala explicación desde el comienzo. Implica que el MOPT escogió arriesgar vidas en Cambronero para no empeorar los embotellamientos en la 27. Es una escogencia indefendible, pero la empresa y el jefe de concesiones nos relevaron de debatirla con contundentes desmentidos a la supuesta petición de abrir los peajes. Ni los tribunales ni el MOPT nos dirán lo sucedido en este caso, pero los diputados sí pueden investigarlo y explicar por qué se quiso hacer de la concesionaria un chivo expiatorio.
El breve intento de desplazar la responsabilidad hacia la Policía de Tránsito chocó contra la lógica protesta de los oficiales, sin mencionar la abierta contradicción con las explicaciones previas sobre el protocolo y la firma del ingeniero desconocido, cuya autorización habría sido innecesaria si la decisión de mantener cerrada la carretera fuera del resorte de los policías.
La investigación abierta por los diputados es pertinente y necesaria, más que para establecer responsabilidades, para dilucidar las contradicciones y, con un panorama despejado, plantear las recomendaciones requeridas para evitar la repetición de una tragedia como la de Cambronero.
