EscucharLa diputada a cargo de la comisión investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anuncia una ruta prometedora para las indagaciones. La liberacionista Andrea Álvarez Marín piensa ofrecer especial protagonismo a los técnicos de la institución, quienes a diario lidian con las deficiencias de los regímenes de salud y pensiones. Son ellos quienes advirtieron, también, de los sobreprecios en la contratación del manejo de 138 Ebáis a cuatro cooperativas y una asociación médica.
La tendencia a ejercer el control político a partir del interrogatorio de las jerarquías y no del diálogo con la burocracia explica los resultados, a veces decepcionantes, de comisiones anteriores. Las investigaciones sobre financiamiento político y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) brillaron más e hicieron mayores aportaciones cuando siguieron la ruta de entrevistar, primero, a los protagonistas de menor rango.
Se supo más sobre lo ocurrido con la pauta de la Junta de Protección Social por boca de Marylin Solano Chinchilla, ex gerenta general de la institución, que por la comparecencia de la presidenta ejecutiva, Esmeralda Britton. Solano incluso aportó un audio que sembró dudas sobre las declaraciones de la jerarca. Hay muchos ejemplos similares y la diputada Álvarez parece tenerlos presentes al asumir la presidencia de la nueva comisión.
La burocracia, estigmatizada con el nombre de “mandos medios” por la retórica de la administración actual, es el repositorio de la memoria institucional, testigo de excepción del surgimiento y ejecución de las políticas públicas. El acervo de conocimiento existente en diversos niveles de la administración incluye, desde luego, las desviaciones.
La burocracia, es bien sabido, desarrolla con el tiempo intereses propios, no siempre coincidentes con las mejores políticas públicas. Es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo cuando el objeto de examen se relaciona con funciones determinantes de la extensión e influencia de la burocracia misma. En la Caja, por ejemplo, existe una marcada tendencia a “institucionalizar” los servicios, es decir, prestarlos con medios propios en lugar de contratarlos a otras entidades, como las cooperativas y, en su momento, las universidades.
El esquema de adjudicación de los Ebáis, aplicado a lo largo de más de tres décadas, produjo significativos ahorros a la seguridad social, según técnicos de la propia institución, y considerables satisfacciones a los asegurados, según las encuestas administradas por la propia Caja. No obstante, ese es el esquema cuestionado en este momento, con razón, por presuntas irregularidades y sobreprecios en las contrataciones. Pero no toda la administración de la Caja será capaz de distinguir entre el mecanismo y su mala ejecución en el caso concreto.
No obstante, esa administración es la mejor fuente para esclarecer lo sucedido y los diputados hacen bien si le dan voz al personal técnico en las primeras etapas de la investigación. Habrá tiempo, más adelante, para llamar a los jerarcas y responsables políticos, entre los cuales habrá varios asistidos por el derecho a abstenerse de declarar en virtud de la causa penal promovida por el Ministerio Público. Por otra parte, la información acumulada durante las comparecencias de los técnicos y “mandos medios” es invaluable a la hora de interrogar a sus superiores.
La tentación de empezar por los estratos más altos es grande. Hasta la abstención de declarar, no importa cuán predecible, puede resultar dramática y políticamente rentable. La investigación seria y metódica no siempre producirá esos efectos, pero promete, al final, la recompensa de un mayor acercamiento a la verdad. Eso es lo que el país necesita, tanto en el caso de las cuestionadas adjudicaciones como en la discusión de soluciones a las crisis de los servicios de salud y la administración de pensiones, otro de los objetivos de la comisión según Álvarez.
