Las explicaciones del Partido Liberación Nacional (PLN) sobre el viaje de dos de sus diputadas para “observar” las fraudulentas elecciones rusas, lejos de satisfacer, irritan. La agrupación comienza por recordar sus credenciales socialdemócratas y su compromiso con la identidad democrática de Costa Rica. Nada de eso está en discusión. No obstante, la consecuencia lógica del apego a tan elevados principios es el rechazo de la invitación a presenciar la reelección fraudulenta de un autócrata señalado por la muerte de sus rivales en Rusia y cualquier otro país donde se encuentren.
Vladímir Putin es también el agresor de Ucrania, requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra relacionados con la ilícita deportación de niños de esa sufrida nación a territorio ruso. En su primer discurso después de la inevitable reelección, Putin reiteró las amenazas de guerra nuclear formuladas en oportunidades anteriores. Su brazo militar se insinúa también en Centroamérica, donde el régimen de Daniel Ortega promovió un convenio para abrir las puertas de su país a tropas rusas con efectos desestabilizadores para todo el Istmo.
Las violaciones de los derechos humanos fundamentales, dentro y fuera de su territorio, son cosa de cada día. Cuando las diputadas llegaron a Rusia, los funerales de Alexéi Navalni eran un acontecimiento reciente y su muerte en una prisión de Siberia solo puede ser atribuida a su insistencia en ejercer los derechos políticos cuya supuesta práctica las legisladoras iban a observar.
Pero el PLN, socialdemócrata y comprometido con la identidad democrática de nuestro país, no encuentra motivos para negarse a participar en la farsa electoral, y más bien pone los principios por delante para establecer su buena fe en la justificación de la misión cumplida por las observadoras.
Por si queda alguna duda, el partido añade a sus credenciales el voto de condena a la invasión de Ucrania, aprobado en marzo del 2022. Ese mérito, compartido con cuatro diputados independientes y legisladores de otras seis fracciones, tampoco viene al caso para justificar el viaje. El contrasentido no podría ser más evidente: el PLN condena la invasión, pero acude raudo al llamado de su autor para “observar” el resultado de los comicios como si no fuera conocido desde mucho antes.
La orwelliana inversión de las consecuencias derivadas de principios inequívocos es tan irritante como el intento de atribuir el viaje al cumplimiento de una obligación. “La Asamblea Legislativa de Costa Rica cuenta con un grupo de amistad parlamentaria con Rusia, totalmente activo y con responsabilidades por cumplir”, dice el comunicado. Entre esas responsabilidades, queda insinuado, está la observación de elecciones amañadas. Eso sí, según el documento, la participación de las legisladoras no debe entenderse como un respaldo al proceso electoral. Así, el PLN echa al olvido la condición de paria internacional de la Federación Rusa, sometida a sanciones en todo el mundo democrático, y más bien celebra el convenio de amistad parlamentaria.
Quizá la más irritante argumentación del documento es la advertencia de que el permiso se les concedió a las diputadas bajo “requerimiento estricto” de entregar un informe al Directorio legislativo y a la fracción verdiblanca. La utilidad del informe exigido con tanto rigor es cuestionable, pero vale la pena insistir en su entrega para juzgar el fruto de tan polémico viaje y, sobre todo, constatar si las conclusiones son las mismas, ampliamente aceptadas en todo el mundo desde antes de los comicios, o si las diputadas vieron algo distinto.
En cualquier caso, el PLN pudo haberse ahorrado la doble vergüenza del viaje y de la explicación con solo haberse acordado antes de sus raíces socialdemócratas y de la identidad democrática costarricense, comprometida, además, con los derechos humanos, la pureza electoral y el imperio de la ley.
Katherine Moreira y Rosaura Méndez, diputadas del PLN que viajaron a Rusia para observar las fraudulentas elecciones.
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