El 19 de este mes, año y medio después de ser constituido, el comité especial de la Cámara de Representantes estadounidense que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 emitió sus esperadas conclusiones y un resumen ejecutivo. Fue la última de varias sesiones en que, paso a paso, fueron conocidos miles de testimonios y documentos. Tres días después, se divulgó el informe completo, un demoledor documento de 845 páginas (incluidos los anexos) que desnuda, con lujo de detalles, la conspiración articulada desde la Casa Blanca para irrespetar el resultado de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Joe Biden el 3 de noviembre previo.
Por los hechos analizados y el peligro inminente de que fue víctima la democracia estadounidense, nos atrevemos a decir que esta es la investigación legislativa más relevante en la historia de Estados Unidos. Su calado es mayor que la realizada en 1973, cuando otro comité especial, esta vez del Senado, investigó y expuso, también con lujo de detalles, el espionaje político, el encubrimiento y las prácticas ilegales del entonces presidente Richard Nixon durante la campaña de 1972 y meses posteriores.
El uso de turbas violentas para impedir que el Congreso certificara el triunfo de Biden —detalla el informe actual— fue la culminación de una trama antidemocrática de largo aliento, varias etapas y múltiples actores, es decir, una verdadera conspiración. El comité destaca que la evidencia acumulada durante su investigación condujo “a una conclusión primordial y directa: la causa central del 6 de enero fue un solo hombre, el expresidente Donald Trump, a quien otros siguieron”, y añade que ninguno de los hechos de ese día “habrían sucedido sin él”.
Por lo anterior, lo acusó de cuatro delitos federales: incitación a la insurrección, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, obstrucción de un acto del Congreso y conspiración para emitir falso testimonio, y elevó al caso al Departamento de Justicia, al que corresponderá determinar si existen motivos suficientes para emprender una acción legal contra Trump.
Nunca antes una legislatura ha referido a un expresidente a esa instancia, que actúa como fiscal federal. Esta es una señal más de la importancia histórica, tanto del asalto antidemocrático como del trabajo realizado por los siete representantes demócratas y los dos republicanos (otros rechazaron incorporarse) que participaron en la investigación.
Las iniciativas iniciales por desconocer la voluntad de los electores, mediante amenazas a votantes, acusaciones espurias de fraude, intentos de manipular autoridades electorales en los estados y denuncias judiciales temerarias, fracasaron gracias a barreras institucionales y, sobre todo, personas honestas que se enfrentaron al acoso de Trump y sus secuaces. Fue entonces que, por su instigación pública a turbas que llegaron armadas hasta la Casa Blanca, se articuló la puesta en escena que condujo al asalto. Por esto, sin duda, el expresidente merece ser procesado. Ningún delito debe quedar impune, y menos aquellos que afectan directamente las instituciones y los procesos democráticos.
Más allá de esta dimensión, la gran tarea que sigue es impulsar los cambios necesarios para que hechos similares no ocurran en el futuro. El comité planteó 11 recomendaciones que ayudarán en la tarea. Entre ellas está una reforma a la ley federal electoral, que ya ha avanzado, para impedir que el vicepresidente tenga la posibilidad de invalidar los resultados electorales de los estados. Mike Pence, quien ocupaba entonces el cargo, resistió las presiones de Trump para hacerlo, pero mientras la posibilidad no se elimine, el riesgo existirá.
También el comité recomendó endurecer penas por intentos de sedición, reforzar la capacidad del Congreso para llamar a testigos o sospechosos, reforzar la seguridad de la sesión conjunta encargada de certificar los resultados electorales y ejercer una supervisión rigurosa sobre la policía del Capitolio.
Sin embargo, tal como planteó recientemente el historiador Julian E. Zelizer en el diario The New York Times, se requieren cambios mucho más profundos, entre ellos, restaurar la protección federal al derecho al voto, así como controles mucho más estrictos al financiamiento privado de las campañas.
La gran pregunta, dada la polarización política del país y la complicidad de amplios sectores del Partido Republicano con las iniciativas antidemocráticas, es si existen las condiciones necesarias para aprobar las reformas fundamentales. En este momento, pareciera que no, pero quizá los hallazgos del comité abran el camino hacia un proceso que, aunque no sea inmediato, desemboque en el indispensable mejoramiento de la arquitectura y el proceso electorales estadounidenses. Es una gran tarea pendiente y no debe escatimarse ningún esfuerzo para emprenderla.