Editorial: La corta vida del jaguar

Los expertos que alabaron, quizá con exceso de optimismo, las similitudes de la economía costarricense con las de los tigres asiáticos, expresaron preocupación por las implicaciones de la eventual aprobación de la llamada “ley jaguar”, en particular por la afectación de los pesos y contrapesos propios del sistema democrático. Los inversionistas en bonos de deuda nacional y los interesados en desarrollar empresas en el país estiman esos mecanismos como atributos de Costa Rica.

“Creemos que la economía costarricense se beneficia de controles y contrapesos fuertes. Este es también uno de los atributos que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares de América Latina”, dicen sin ambigüedades los analistas del banco internacional.

El informe, si nos atenemos a las palabras pronunciadas por el presidente Rodrigo Chaves hace pocas semanas, no fue elaborado por economistas de “a tres por peseta”, sino por especialistas que “sí saben” y no buscan pelos en la sopa. Es razonable esperar que las actuales preocupaciones de los analistas sean recibidas con la misma actitud adoptada en febrero ante los elogios.

Eso implicaría reconocer que la “ley jaguar”, lejos de fortalecer a la Contraloría General de la República, la debilita, como lo ha informado en reiteradas ocasiones este diario, con cita del propio texto, de reconocidos expertos y hasta de algunos de los consultados por el gobierno para elaborar el proyecto. A todos ellos se suman, ahora, los analistas del Bank of America: “Una de las preguntas del referéndum sería si los ciudadanos están de acuerdo o no en quitarle a la Contraloría la facultad de revisar la legalidad de los contratos de compras públicas antes de su ejecución. De esta manera, la Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos una vez que se hayan realizado”, explicó la entidad bancaria.

Eliminar la capacidad de la Contraloría para fiscalizar el uso eficiente de los fondos públicos es una amenaza para el país. Los especialistas del Bank of America lo señalan con claridad. Hoy existen medios para aplicar acciones preventivas y correctivas vinculantes cuando se detectan irregularidades o actividades sospechosas en el uso de los recursos de los costarricenses. ¿Por qué debilitar la supervisión, la transparencia y la garantía de probidad en el gasto público?

El Bank of America fungió como asesor y colocador de la segunda emisión de eurobonos por $1.500 millones a finales del 2023. En consecuencia, conoce bien las fortalezas y debilidades de Costa Rica. Las autoridades planean acudir a los mercados internacionales en busca de otros $2.000 millones en los próximos 18 meses. En ese contexto, conviene prestar atención a los señalamientos de los analistas.

Los indicadores macroeconómicos que el país presentará antes de la nueva emisión de deuda externa no son tan favorables como los de hace unos meses. Hoy, la economía crece menos, la recaudación fiscal se deterioró, el balance primario se redujo y el déficit financiero sigue en aumento. El convenio con el FMI concluye en julio y nada indica que las autoridades vayan a suscribir uno nuevo. Si los inversionistas internacionales perciben inestabilidad política o debilitamiento institucional, es posible que la factura pagada por todos los costarricenses sea mucho más cara.

Durante largo tiempo, el país experimentó las consecuencias del financiamiento caro y todavía vivimos algunas de sus secuelas. La gran cantidad de recursos necesario para el servicio de la deuda deja poco para invertir en patrullas nuevas, mejores escuelas, calles en buenas condiciones y muchas otras necesidades. Las condiciones de todo nuevo financiamiento no deben verse afectadas por una reforma que solo promete perjuicios.