Siete años es tiempo de sobra para evadir la toma de decisiones difíciles sobre el tratamiento de desechos sólidos en lo que queda de esta administración e, incluso, en el próximo período presidencial. La bomba de tiempo de los desechos de la Gran Área Metropolitana (GAM) está programada para estallar por ahí del 2031, cuando el Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, en El Huaso de Aserrí, llegue al límite de sus capacidades.
El relleno sanitario Uruka, ubicado en La Carpio, alcanzará su límite en un año, según los cálculos de EBI de Costa Rica, encargada del manejo de los desechos. Los técnicos del Ministerio de Salud apenas le dan seis meses de vida. El cierre de Uruka obligará a enviar la basura a Aczarri, cuya vida útil ya se redujo de 11 a 7 años debido a la inesperada cantidad de residuos depositados en el sitio.
Siete años también es un plazo suficiente para encontrar donde depositar los desechos imposibles de reciclar o revalorizar, pero esa no ha sido la historia de las decisiones políticas en esta materia. Para mayor preocupación, según Óscar Guzmán Coto, gerente técnico de EBI, el plazo podría reducirse a cinco años porque el peso de tratar los residuos se ha venido volcando sobre Aczarri a paso acelerado.
Guzmán insistió en la urgencia de desarrollar nuevos proyectos fuera del área metropolitana, donde ya casi no hay espacio para ubicarlos. Esa circunstancia puede incrementar la resistencia de las comunidades a la apertura de rellenos en su vecindario, porque recibirían basura de otros cantones. El Huaso es destino de los desechos de 32 municipios, incluidos los mayores generadores de basura.
No obstante, dejar a la GAM sin relleno es impensable. Hay sitios propuestos en Bajo Pita de Turrúcares (Alajuela), en Montes de Oro (Puntarenas) y en Cartago. Una vez superada la resistencia local, la distancia entre los sitios de recolección y el lugar de tratamiento encarecerá el servicio. La suma de esos factores explica la tendencia a procrastinar las decisiones y dejar el problema a la siguiente administración.
El manejo de desechos pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y las posibilidades de reunir y canalizar la voluntad política necesaria para enfrentar un desafío de grandes dimensiones, porque su alcance es nacional. Si el manejo de los desechos está a punto de una crisis en la GAM, otras regiones no se quedan atrás, y algunas más bien llevan la delantera en la ruta hacia el descalabro.
Las tensiones y protestas, muchas veces violentas, por la ubicación de rellenos y vertederos a finales del siglo pasado deberían ser una advertencia sobre las consecuencias de esperar el momento crítico para encarar el problema. También existe el riesgo, como sucedió en el pasado, de echar mano de soluciones alejadas de las normas técnicas requeridas para proteger la salud y el ambiente.
El Ministerio de Salud debe asumir el liderazgo cuanto antes, en conjunto con las municipalidades. El nombramiento de un ministro especializado, en 1996, es testimonio de las dimensiones alcanzadas por el problema en aquella época y también del fracaso de las autoridades de Salud, sustituidas por un tercero, sacado de la manga para ejecutar una tarea propia de la institución.
Es hora de reconocer la gravedad del reto y la cortedad del plazo para enfrentarlo. Guzmán clama por un plan estratégico nacional para regionalizar el manejo de residuos. Elaborarlo con participación de las empresas especializadas y los gobiernos locales es la única forma de vencer la más temible limitación histórica en esta materia: la falta de planificación.
