Editorial: La huelga no fue por la Caja

Tanto empeño tiene el dirigente en defender a la Caja que no le creyó una palabra a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Ella ha dicho una y otra vez que la regla fiscal, mecanismo indispensable para equilibrar las finanzas públicas, no es aplicable a ninguno de los regímenes a cargo de la Caja: Invalidez, Vejez y Muerte; Enfermedad y Maternidad; y el Régimen No Contributivo. Lo puso por escrito en una carta dirigida a Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución.

Pero la palabra de la ministra no vale para el dirigente médico. “¿Usted cree eso?”, preguntó para luego añadir: “No somos ingenuos… llevar los presupuestos ahí es para que los recorten y que la salud se vea comprometida; para tomar los recursos de la Caja y dárselos al Estado”. La declaración se refiere a la revisión anual encargada a Hacienda para constatar que los recursos se gastan en los regímenes mencionados y no en otros programas que sí serían objeto de control. Esos programas, si los hubiera, serían necesariamente marginales y en nada afectarían la salud porque la labor central de la Caja es atender los regímenes señalados y para estos no rige la regla incorporada a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Pero la Unión Médica, en su inclaudicable defensa de la Caja y la salud —jamás de los 19 incentivos— no creyó esas explicaciones. La duda bastó para llamar a huelga, no importaron las consecuencias. Tampoco importó que la ministra no podría estar mintiendo aunque quisiera. Cuando dijo que la regla fiscal no incluye a la Caja, solo repite lo dicho por la Sala Constitucional el año pasado, cuando dio luz verde al plan fiscal.

“Atinente a los numerales 5 y 6 inciso a) del título IV ‘Responsabilidad fiscal’ del proyecto de ley consultado, por unanimidad, se evacua la consulta en el sentido de que no es inconstitucional siempre y cuando se entienda que por aplicación directa de los postulados 73 y 177 de la Constitución Política, el Seguro de Enfermedad y Maternidad también está excluido de la regla fiscal”, escribieron los magistrados en noviembre del 2018.

El “también” de la resolución se debe a que el artículo 6 habla de Invalidez, Vejez y Muerte, además del Régimen No Contributivo, pero no menciona específicamente al Régimen de Enfermedad y Maternidad. Su inclusión en la lista de excepciones por vía de la Sala Constitucional completa la exoneración de todos los regímenes a cargo de la Caja.

Si la ministra estuviera mintiendo, un recurso ante la Sala Constitucional daría la razón de inmediato a la Unión Médica Nacional porque la opinión de los magistrados es conocida desde antes de aprobada la ley creadora de la regla fiscal. Pero, al parecer, la resolución tampoco satisface el escepticismo de la Unión Médica. Tanto es el temor a la regla fiscal, no a la moderación de los incosteables pluses salariales, como podría creer la gente.

Si el dictado unánime de la Sala Constitucional no es garantía, es difícil imaginar cómo el criterio del Tribunal Contencioso-Administrativo podrá vencer el radical escepticismo de los sindicalistas. Por eso, cobra fuerza la sospecha de que, después de todo, quizá la huelga se trató del bolsillo de sus participantes. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no toca la salud ni privatiza la Caja, pero sí transforma los pluses porcentuales en montos fijos para evitar el crecimiento exponencial e impagable del gasto público.

Los beneficios calculados como porcentaje del salario base son ruinosos para la Caja, pero la Unión Médica insiste en no ponerles freno “en defensa de los intereses de la institución”. Seguir pagándolos será una seria amenaza para el sistema nacional de salud.