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El Parque de Tecnología Ambiental Uruca tiene fecha de expiración según sentencia dictada por la Sala Constitucional el 25 de junio. El fallo permite la ampliación de operaciones en el relleno sanitario ubicado en La Carpio hasta llegar a 1.005 metros sobre el nivel del mar, es decir, diez metros más.
De siete rellenos sanitarios activos en el país, seis están en etapa de cierre técnico desde el año 2016, al igual que 10 de los 16 vertederos semicontrolados, dice el «Informe del Estado de la Nación» del 2019. El cierre técnico implica llegar al tope de la capacidad originalmente proyectada y, en caso de prolongar la vida útil, exige la ejecución de obras de estabilización y mitigación.
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Al relleno de la Uruca se le calculó una década de vida útil a partir del 2000; sin embargo, seguirá en uso hasta alcanzar los 1.005 metros porque no hay alternativa. No obstante, la fecha del cierre definitivo llegará y, al paso que llevamos, bien podría desatar una crisis como la de los años noventa, cuando se llegó al colmo de nombrar un ministro encargado de solucionar el problema de la basura.
Los técnicos de la empresa Berthier EBI, desarrolladora del relleno de La Carpio, lamentan que el Ministerio de Salud no reconozca una dimensión nacional al problema del tratamiento y manejo de los residuos sólidos. La distancia entre esa realidad y la de 1996, cuando se nombró al ministro especializado, se debe a la costumbre de enfrentar las dificultades cuando llegan al punto crítico, no antes.
«Hay una completa ausencia de un plan estratégico nacional para regionalizar el manejo de residuos y un egoísmo generalizado: todos producimos basura, pero no queremos asumir la responsabilidad de su tratamiento y disposición final», dice Óscar Guzmán Coto, gerente técnico de Berthier EBI.
Así, llegamos, a fines del siglo pasado, a las tensiones y protestas, muchas veces violentas, por la ubicación de rellenos y vertederos, algunos muy alejados de las normas técnicas necesarias para garantizar la protección de la salud y el ambiente. La historia se podría repetir si el tiempo ganado con la ampliación de la vida útil de La Carpio y otros rellenos se desaprovecha.
En 1996, el Ministerio de Asuntos Específicos, como se llamó a la entidad encargada de resolver el problema, comenzó a estudiar la instalación de rellenos regionales con ayuda de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. Ese año, identificaron siete lugares idóneos en Vázquez de Coronado, Moravia, Aserrí, Santa Ana, Desamparados y Mora. No obstante, pasado un cuarto de siglo, la regionalización del manejo de desechos sólidos sigue siendo una tarea pendiente.
La ampliación de las operaciones en La Carpio se justifica por atrasos en la ejecución de un proyecto en Bajo Pita, en Turrúcares de Alajuela. En el 2016, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) concedió dos años para emprender el proyecto, pero la Municipalidad de Alajuela planteó un proceso judicial cuya resolución es necesaria para empezar a desarrollar el sitio. La fecha es incierta. Mientras tanto, el país sigue generando unas 4.000 toneladas diarias de desechos. A La Carpio llegan 18.000 toneladas mensuales provenientes de 610.000 habitantes de San José y comunidades cercanas.
El tiempo pasa y la nueva crisis se avecina. Solo podremos evitarla si surge la voluntad política de pensar en el futuro y no en maniobras evasivas para trasladar el problema a la siguiente administración.
