Editorial: La revelación de Bojorges

En consecuencia, Bojorges corrió a retirar su firma de la moción presentada tres días antes para crear la comisión. Dice no haber pensado en el exceso de comisiones cuando estampó su firma y, ahora, pasadas 72 horas, el cambio de opinión es tan radical que lo impulsa a desvincular su nombre de la iniciativa, con premura, cuando más se justifica la comisión.

En la práctica, los argumentos del legislador declaran muerta la posibilidad de crear nuevas comisiones cuando otro órgano del Estado se aboque a investigar primero. En este caso, dice Bojorges, la Contraloría General de la República estudia el tema y es mejor esperar a sus conclusiones para luego ejercer el control político. Si fuera por eso, el diputado olvidó mencionar que también el Ministerio Público examina las contrataciones del Sinart.

Sucede, no obstante, que el control político ejercido por la Asamblea Legislativa tiene una naturaleza distinta. Ni los tribunales ni la Contraloría establecen responsabilidades políticas, sino penales, civiles y administrativas. La responsabilidad política es resorte del Congreso y de la opinión pública. Bojorges no parece interesado en que el primero la establezca y la segunda se entere.

Pero la investigación legislativa del Sinart no tiene por fin exclusivo sentar responsabilidades. Debería desembocar en una reforma del sector para impedir que, desde el poder, sea posible dirigir el gasto publicitario con criterios distintos a la eficiencia de la comunicación de las instituciones, especialmente las sometidas a regímenes de competencia. Lo contrario perjudica, por ejemplo, al Instituto Costarricense de Electricidad, cuyos rivales están en libertad de colocar su publicidad con el único objetivo de ampliar su participación en el mercado. ¡Y lo vienen logrando!

Bojorges también debería preocuparse por el estado de la legislación que permite confiar al Sinart el presupuesto publicitario de la Junta de Protección Social por órdenes de la Casa Presidencial y contra el criterio de sus técnicos, o por la posibilidad de que algún gobierno aproveche la pauta estatal para influir en la línea editorial de los medios, premiándolos o castigándolos con la publicidad pagada por los costarricenses.

Son problemas de política pública y legislativa, involucran miles de millones, sin contar el posible perjuicio para instituciones como las citadas, que puede resultar mucho más caro. El asunto tiene, también, potencial para alterar el debate democrático, afectar la libertad de expresión y hasta influir sobre procesos electorales. Una mala política publicitaria del Estado puede ser una amenaza para la democracia. Ni la Contraloría ni los tribunales van a entrar, necesariamente, a examinar esos aspectos.

A Bojorges no le parece suficiente para crear una comisión más. El Congreso ha abusado de ese recurso, no cabe duda, pero no por eso debe dejar de emplearlo cuando se justifica. En este caso, para saberlo, basta con revisar actas de la Junta de Protección Social y documentos de otras instituciones, cuando no los informes de prensa.

El legislador también aduce que muchas comisiones no llegan a nada. “No tiene ningún sentido, algunas ni siquiera arrojan resultados que sirvan para que el Estado sea más eficiente”. La afirmación, además de absurda, es falsa. Bojorges no puede asegurar a priori que la comisión propuesta no llegará a nada, sobre todo cuando los indicios de irregularidades son tan fuertes, pero el mayor desmentido es que las últimas revelaciones de probables anomalías son producto, precisamente, del trabajo de una comisión que ni siquiera está especializada en la materia. Las revelaciones son tan serias que un legislador mandó el caso al Ministerio Público y el expresidente del Sinart se abstuvo de comentar por recomendación de su abogado.

Si los socialcristianos de los años 80 hubieran razonado como Bojorges, la comprobada penetración del narcotráfico pudo haber seguido adelante, porque las históricas comisiones legislativas donde Luis Manuel Chacón tuvo participaciones tan destacadas nunca se habrían creado. Los informes conmocionaron al país, no por las consecuencias de procesos penales o indagaciones de la Contraloría, sino por el profundo saneamiento de las instituciones nacionales.

La inquietante contratación hecha por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del mismo asesor presidencial designado sin concurso en el Sinart y ganador de otros contratos, debería revivir en el diputado el deseo de abrir la investigación legislativa. ¿Es esa la relación que queremos con el BCIE?

En el banco regional el gobierno nombró como representante del país al exdiputado Erwen Masís, sin experiencia bancaria o financiera ni militancia en el partido oficialista, pero muy influyente en la fracción socialcristiana, según su propia confesión en declaraciones a este diario. Masís quedó en tercer lugar en la convención de la Unidad, pero logró colocar a dirigentes de su tendencia en las papeletas de diputados, incluido Bojorges.

El exalcalde de San Mateo y exdiputado gana unos $19.500, libres de impuestos, por representar a Costa Rica en el BCIE. Es el equivalente a un sueldo bruto de $26.000 si pagara impuestos. Tiene acceso a viajes, vehículos y contratación de personal, entre otras ventajas. No obstante, nada ha dicho sobre la falta de transparencia de la institución en la selección del asesor presidencial para una contratación con bases muy similares al borrador redactado con participación del propio beneficiario. El esclarecimiento de ese aspecto tampoco vendrá del Banco, donde el dirigente socialcristiano está gracias al gobierno.

Junto con Bojorges, otros diputados socialcristianos, incluidos los de la tendencia de Masís, tuvieron el buen criterio de firmar la moción para defender los intereses del país y sus electores. Pronto sabremos si se mantienen firmes o experimentan una revelación.