EscucharCon tono imperativo e irrespetuoso, como si se dirigiera a países subordinados, no a socios en igualdad de condiciones, el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, planteó el sábado tres exigencias al resto del Istmo: integren a Rusia como observador del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), despojen a Taiwán de esa condición y, en su lugar, inviten a China. Las tres deben ser rechazadas.
La primera razón es obvia: ante una actitud tan destemplada e imperiosa, al dictador hay que ponerlo en su lugar. Más allá de esto, sin embargo, existen otras razones para que los países titulares del sistema se abstengan, al menos por ahora, de modificar el statu quo.
En el caso ruso, el motivo es obvio: su invasión a Ucrania viola el principio más elemental del derecho internacional, como es el respeto a la integridad territorial y la soberanía de los Estados. A esto se añaden, entre otras aberraciones, los ataques a blancos civiles y la expatriación de niños ucranianos a su territorio.
Aunque en diciembre del 2018 los cancilleres de los países miembros, incluida Costa Rica, admitieron como observadores del SICA al Organismo Internacional de la Juventud, Canadá, Bolivia, Suecia, Egipto, Georgia y Rusia, la admisión de esta última aún no se consolida. Está aún sujeta a que la secretaría general, avalada por su Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, firme con cada país un documento que defina las líneas de cooperación o diálogo político que se pretenden desarrollar con Moscú, lo cual no ha ocurrido. Tampoco debe ocurrir.
Avanzar en tal sentido implicaría, ni más ni menos, un aval implícito a la agresión. Sería, además, un éxito de la dictadura nicaragüense, cada vez más intransigente, cerrada e irrespetuosa de los derechos humanos. Por ello, nos complace que Costa Rica, por boca del vicecanciller Christian Guillermet Fernández, haya anunciado que se opone a esta admisión. Tal como dijo en recientes declaraciones a La Nación, la invasión es “una clara violación de Rusia a la Carta de las Naciones Unidas” e, incluso, al Protocolo de Tegucigalpa, que estableció el SICA, según el cual “los países miembros promovemos la paz y el respeto a los derechos humanos”. A menos que cese la agresión y Rusia devuelva a Ucrania los territorios ocupados, no deben abrirle las puertas.
La situación de China y Taiwán es más compleja. Los taiwaneses se incorporaron como observadores en febrero del 2000, cuando todos los países miembros del SICA reconocían a su gobierno como titular chino. En la actualidad, sin embargo, solo Guatemala y Belice mantienen esta postura; el resto (Costa Rica de primera, en el 2006) consideran al régimen de Pekín como representante exclusivo de China. Esto obliga a escoger entre ambos, y la realidad indica que, tarde o temprano, Taiwán deberá alejarse.
La gran pregunta es cuándo hacerlo. Nuestra respuesta es que la decisión no debe apresurarse, que no debe tomarse a raíz de presiones como las de Ortega y que debe ser producto de un acuerdo negociado con los gobiernos guatemalteco y beliceño.
Como parte de la ecuación, también debe tomarse en cuenta que Taiwán es, desde 1992, el socio extrarregional más importante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Al cierre del 2021 (último dato disponible) tenía $776,2 millones de capital suscrito, que representan el 11,4 % del total. Además, ha financiado $267 millones en contratos de administración financiera. Desde el punto de vista legal, la posibilidad de forzar su salida de esta entidad sería virtualmente imposible, moralmente injusta y pragmáticamente devastadora.
La conclusión, como adelantamos, es que los tres reclamos de Ortega deben rechazarse de plano. La institucionalidad centroamericana, de por sí débil y a menudo disfuncional, no puede moverse al ritmo del dictador y sus patrocinadores externos, entre los cuales Rusia y China son esenciales. De por medio hay consideraciones políticas, económicas y humanitarias que no pueden desdeñarse.
