Editorial: Las medicinas siguen muy caras

El 22 de junio siguiente, firmó el decreto respectivo, con la promesa de que el proceso para el registro de fármacos se reduciría de año y medio a 30 días y, por supuesto, sus costos caerían. Han pasado 30 meses desde entonces. El decreto fracasó y nada ha cambiado para bien en el mercado de medicamentos. Por algo los precios de las medicinas se incrementaron en 4,5% en 2024, a pesar de una inflación general negativa.

En el ínterin, nada indica que se emprendiera la tarea necesaria desde el principio: realizar estudios detallados de las variables y dinámicas que caracterizan el mercado internacional y nacional de los medicamentos, para entonces diseñar medidas que lo mejoren y beneficien a los consumidores.

El presidente Chaves lo sabe. De esto dio muestra el 29 de mayo del año pasado, cuando, al reconocer que el decreto no podría implementarse, afirmó lo siguiente: “La cadena de valor de la industria farmacéutica es sumamente compleja: está la patente, está el laboratorio, está la droguería, está el distribuidor mayorista y está la farmacia. Cuando nos enfrentamos a esa complejidad, es lógico que haya resistencia”.

También debería ser lógico evitar el anuncio de iniciativas inconexas y poco estudiadas para alcanzar tal objetivo, que pronto se estrellan contra la realidad del mercado, la buena administración, la legalidad, o todas juntas. Pero así ha ocurrido. La excusa oficial, reiterada por Chaves, es que no lo dejan “hacer”, y atribuir el fracaso a fuerzas oscuras, no a la impericia gubernamental.

Esto es lo que ha ocurrido con otra iniciativa, sacada de su manga por Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se trata de convertir a la institución en productora y vendedora de medicamentos y servicios a farmacias y proveedores privados de salud.

Supuestamente, esto beneficiará sus finanzas y bajará los precios. Sin estudios de sólidos, sin contemplar la relación precisa entre costos-beneficios y su compatibilidad con la Ley Orgánica de la institución, y con total descuido de su distorsión en las funciones de la Caja, fue rechazada por su propio departamento jurídico. Además, Hacienda aclaró que por cualquier venta realizada, la Caja debería pagar impuesto al valor agregado y retener el impuesto sobre la renta a los eventuales clientes.

A pesar de esto, el pasado miércoles el presidente Chaves insistió en la iniciativa. Además, firmó un decreto que fija márgenes de ganancia sobre las medicinas a los distribuidores mayoristas y a los vendedores minoristas. Suena simple; sin embargo, deja intacta la estructura del mercado. Lejos de promover mayor competencia, la reducirá y hasta podría generar desabastecimiento. Por algo la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) activó sus alertas, y advirtió de que si bien el gobierno tiene la potestad de regular precios, debe ser un recurso extraordinario y temporal, ante situaciones extremas.

Decreto inviable al inicio. Estado empresario en el caso de la Caja. Estado regulador de precios en el de los márgenes. En los tres casos, casuísticas con mínimo sustento y desdén por las razones primarias que afectan el costo de las medicinas. Entre muchas, están los precios que fijan los laboratorios productores, la concentración de muy pocos distribuidores dominantes en el mercado local; su integración vertical con cadenas de farmacias, que reducen la competencia, y la reticencia a recetar genéricos. De ahí la importancia de abordar el tema en su integralidad. El Ejecutivo, en cambio, ha optado por los anuncios de impacto, aunque estén mal sustentados y, si fracasan, por responsabilizar a otros. Es un libreto de sobra conocido. También conocemos sus consecuencias.