EscucharEntre enero del 2010 y abril del 2014, Costa Rica se convirtió en el único país donde la investigación biomédica estaba prohibida. La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el decreto ejecutivo regulador de la materia, no porque hubiera una razón fundamental para impedir la participación en una industria floreciente, indispensable para el avance de la medicina, sino porque una materia directamente vinculada con la dignidad de la persona y el derecho a la salud debe ser regulada por ley y no por un simple decreto.
Correspondía a la Asamblea Legislativa llenar el vacío señalado por la Sala IV, pero un debate de fuertes tintes ideológicos, desvinculado de la práctica internacional y repleto de teorías de la conspiración atrasó el proceso. Se le atribuía a la industria farmacéutica internacional el propósito de convertir a los costarricenses en “conejillos de indias”, como si no existieran bien probados protocolos para la investigación ética.
El proyecto de ley recogió los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las declaraciones internacionales sobre investigación en seres humanos, además de los lineamientos fijados por la Sala IV, pero enfrentó cientos de mociones, en su mayoría planteadas para atrasar la votación cuando todavía el reglamento legislativo carecía de mecanismos para limitar la obstaculización de las votaciones.
Hoy, el país paga las consecuencias. Después de situarse en un lugar de privilegio en la industria de la investigación clínica, con una larga trayectoria iniciada en 1973, cayó en la parálisis total y, cuando logró rectificar, era demasiado tarde. Todavía la industria no ha recuperado el ritmo de antaño.
Antes de la prohibición, 20.000 pacientes intervinieron en 200 estudios, siempre bajo consentimiento informado y con rigurosos controles científicos y éticos. Se beneficiaron de la creación de 25 nuevos medicamentos y de tratamientos experimentales contra el asma, la hipertensión, el cáncer, la diabetes y el VIH sida, entre otras enfermedades.
La sentencia del tribunal constitucional y la demora de la Asamblea Legislativa se tradujeron en el cierre de 124 ensayos clínicos y de las empresas del ramo, con pérdida de empleos calificados de médicos, microbiólogos y farmacéuticos. Al final del proceso, hubo borrón y cuenta nueva, con desperdicio de la inversión hecha a lo largo de cuatro décadas.
Luego de su larga ausencia de la industria, Costa Rica necesitará años de esfuerzo para recuperar su lugar de vanguardia entre los países de Latinoamérica, dice Gabriela Dávila, directora regional de Investigación Clínica para Europa, Canadá y Latinoamérica del laboratorio farmacéutico Pfizer. Según la experta, el país debe demostrar su voluntad de dar a la investigación clínica un lugar de importancia en su agenda y crear condiciones propicias para desarrollar proyectos.
Lo sucedido detuvo al país “cuando veníamos en una carrera importante, entrenando investigadores. Esto quiere decir que cuando queramos regresar hay que reentrenar en las buenas prácticas clínicas. Eso lleva tiempo, un proceso de entrenamiento y adaptación para conocer cómo ha evolucionado la investigación clínica en estos años”, añadió.
Según Dávila, México, Brasil y Argentina están en los primeros 15 lugares de la investigación biomédica y Costa Rica tardará años en alcanzarlos. Esa es la dinámica de la industria y el comercio. Las oportunidades perdidas tardan mucho en regresar y a veces no vuelven del todo. Si lo sucedido con la investigación clínica fuera el precio a pagar por un aprendizaje duradero sobre las consecuencias de la demagogia y la parálisis, algo rescataríamos del naufragio, pero hay razones para dudarlo. Basta ver el lento y fragmentado avance de las redes 5G.
