Editorial: Lectura distorsionada de Perú

Lo que ocurre en Perú está plenamente documentado. El miércoles 7, Castillo —gobernante errático, desorientado, arbitrario, debilitado y carente ya de oxígeno político para ejercer el gobierno— optó por seguir el guion que aplicó Alberto Fujimori en abril de 1992 y ejecutar un autogolpe. Horas antes de una sesión del Congreso destinada a considerar, por tercera vez en sus 17 meses de mandato, un posible juicio político o impeachment que podría conducir a su destitución, el presidente anunció la disolución de ese cuerpo, la elección de uno nuevo con potestades de constituyente, la “reorganización” del Poder Judicial y la Procuraduría de la nación, y la declaratoria de un estado de emergencia.

Al contrario de hace 30 años, su maniobra fracasó, inmersa en el repudio de los demás poderes, la Policía, las Fuerzas Armadas, los empresarios e incluso su vicepresidenta, su gabinete y la mayoría de los diputados de su reducida fracción. Bastaron tres horas para que el Congreso pudiera sesionar y, por una votación 101 a favor, 10 en contra y 6 abstenciones, lo destituyeron por “incapacidad moral”, figura que contempla la Constitución peruana.

Sin duda el Congreso peruano está altamente desprestigiado, incluso más que la presidencia, y sin duda también le hizo la vida difícil a Castillo, quien, por su parte, nunca estuvo a la altura del cargo. Pero en este caso los diputados actuaron con total apego a los preceptos constitucionales y legales, y así frenaron el intento de imponer un gobierno ilegítimo.

El comunicado de los cuatro países, sin embargo, desconoció todo lo anterior, se refirió a Castillo como presidente (cuando ya había sido sustituido por su vice, Dina Boluarte) y aseveró que “desde el día de su elección” fue víctima “de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y que luego había sido “objeto de un tratamiento judicial” violatorio del artículo 25. Además, los cuatro gobiernos exhortaron “a quienes integran las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, sin mencionar en ninguna parte que fue Castillo quien intentó violentar las bases institucionales que dan sustento a la legitimidad electoral.

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México siguen distintos signos de la izquierda ideológica, también reclamada por Castillo. Sin embargo, una cosa son las convergencias doctrinarias entre los gobernantes y otra el apego a los hechos, que debe prevalecer al calificar lo que ocurre en otros países y hacer llamados sobre los pasos que sus autoridades deben seguir. Esto, sin duda, lo entiende mucho mejor el gobierno de Chile, encabezado por Gabriel Boric, que se abstuvo de suscribir el comunicado y actuó con gran responsabilidad.

La situación actual en Perú dista mucho de la estabilidad y podría deteriorarse aún más. Al expresidente, que enfrenta cargos de conspiración y rebelión, se le impuso una prisión preventiva de 18 meses. Ante una oleada de manifestaciones y bloqueos por parte de sus partidarios, la presidenta declaró un estado de emergencia nacional durante 30 días. Hasta el viernes en la tarde, 20 personas habían muerto en enfrentamientos con las autoridades, lo cual revela una inaceptable y extrema represión. Boluarte solicitó al Congreso adelantar a diciembre del próximo año las elecciones previstas para el 2026, pero su pedido fue rechazado.

Todo esto se da en el contexto de una crisis política estructural. En los últimos seis años, Perú ha tenido igual número de presidentes. Uno se suicidó mientras estaba en prisión preventiva y los demás han enfrentado procesos judiciales; en algunos casos, fueron condenados. La dispersión política es extrema y la incapacidad para forjar acuerdos entre las distintas fuerzas, crónica.

La intentona golpista de Castillo aceleró el conflicto. Y aunque su intención fuera otra, el comunicado de los cuatro países añade a los factores de tensión. Lo que se imponen son gran responsabilidad, diálogo y prudencia, y un apego meticuloso a la Constitución y las leyes. Quizá así se abra el camino hacia la reconciliación e, idealmente, una reforma profunda del disfuncional sistema político peruano.