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En junio del año pasado, la Contraloría General de la República no tardó en advertir sobre los “riesgos y efectos muy serios” en las finanzas públicas del decreto ejecutivo emitido para modificar los parámetros de verificación del cumplimiento de la regla fiscal. Poco después, presentó al Tribunal Contencioso una acción para suspender la aplicación del decreto. Ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le dan la razón, aunque los jueces no han resuelto y la norma sigue vigente.
La regla fiscal aprobada en el 2018 impone un tope al crecimiento del gasto estatal según el nivel de endeudamiento y el ritmo de crecimiento de la economía. La Contraloría está encargada de verificar el cumplimiento mediante la comparación del gasto real del año evaluado con el gasto real del año anterior. Si la diferencia supera el tope, la ley prevé sanciones.
Pero el 22 junio del 2022, el Decreto 43589-H cambió las reglas del juego. En lugar del gasto real estableció como parámetro la comparación del presupuesto inicial del año anterior con el presupuesto final del año en evaluación. Así se incluye el efecto de las modificaciones presupuestarias a lo largo del período. Como el gasto real suele ser inferior a lo presupuestado, la modificación permite aumentarlo, en nuestro caso, en más de ¢400.000 millones al año.
El FMI criticó la verificación del cumplimiento en términos exclusivamente presupuestarios, en lugar de examinar el resultado final y sin considerar el gasto financiado en el exterior. El financiamiento externo, señaló el Fondo, es una parte significativa de los gastos de capital (obra pública y equipamiento) y se suma a la deuda del Gobierno, pero el presupuesto inicial solo contempla partidas del financiamiento interno, mientras el financiamiento externo de proyectos se aprueba en procedimientos separados.
La verificación mediante presupuestos se desvía de la práctica común y resta transparencia al mecanismo, dicen los expertos del organismo financiero. Además, la Contraloría no puede imponer sanciones por incumplimiento de la regla fiscal porque el presupuesto final es una estimación y no un resultado.
La preocupación por las finanzas públicas se extiende a Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, quien calificó la regla fiscal como una clave del éxito obtenido al cumplir la meta del déficit en el marco del plan del FMI y aconsejó “mantener la prudencia fiscal, después de una década de déficit”.
Las advertencias de los técnicos del FMI alcanzan también a la Asamblea Legislativa, donde un proyecto de ley presentado por el gobierno pretende excluir de la regla fiscal el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda pública. Esa reforma, dice el informe del organismo internacional, socavaría la credibilidad de la regla fiscal como mecanismo para contener la deuda y el gasto.
Los avances en el manejo de las finanzas públicas costaron muchos sacrificios y traumas. Mantenerlos no es fácil, pero echarlos por la borda es retroceder a un punto donde la única salida es comenzar de nuevo con la reforma o avanzar hacia el precipicio cuyas profundidades contemplamos en el 2018.
La credibilidad ganada en el ámbito internacional también está en juego, y podría ser crucial para enfrentar las dificultades claramente discernibles en el horizonte. La saludable recaudación lograda hasta la fecha podría verse afectada por la desaceleración económica y las condiciones de la economía mundial no son favorables. No es hora de abandonar la prudencia.
