EscucharCosta Rica es un destino turístico de renombre internacional, conocido por su biodiversidad, parques nacionales, volcanes y playas de clase mundial. La seguridad, estabilidad democrática y los altos estándares de educación y salud también consolidaron la imagen de un país modelo en una región convulsa. No obstante, esa reputación puede verse erosionada por la creciente inseguridad, la violencia y la expansión del narcotráfico, lo cual redundaría en enormes costos económicos y sociales.
El 15 de setiembre, además de celebrar 203 años de independencia, Costa Rica fue tema de un reportaje de The New York Times, cuyos autores explicaron cómo se ha convertido en un importante punto de transbordo para los carteles de la droga. Entre el 2020 y el 2023, los homicidios aumentaron en un 53 % y produjeron el año más violento en la historia, con el 2024 en ruta a emularlo.La pasividad del gobierno, sus evasivas y el desplazamiento de la responsabilidad hacia terceros añaden a los motivos de alarma. El presidente Rodrigo Chaves prometió mano firme contra la criminalidad, pero su administración no ha podido presentar una eficaz política nacional de seguridad ciudadana en más de dos años.
El presupuesto nacional del 2025, con su recorte de ¢5.000 millones en el rubro de compra de patrullas, es un claro indicio de la poca prioridad concedida al problema, especialmente cuando el 39 % de ellas está fuera de servicio y solo el 34 % de los vehículos terrestres asignados al Ministerio de Seguridad Pública está en operación.
En lugar de fortalecer el Ministerio de Seguridad Pública, la disminución de sus recursos incrementa la vulnerabilidad del país frente a la creciente ola de violencia. Los países azotados por la violencia y el narcotráfico encaran, aparte del dolor causado por esos flagelos, onerosos costos económicos a mediano y largo plazo.
La inversión extranjera directa, fundamental para el crecimiento económico, tiende a disminuir en ambientes de inseguridad. Empresas internacionales, que siempre vieron a Costa Rica como un lugar seguro y atractivo para sus operaciones, podrían reconsiderar esa apreciación si llegan a percibir riesgo para sus ejecutivos y bienes. Ahora que el nearshoring y el friendshoring ofrecen nuevo empuje al país, el aumento de la criminalidad puede causar pérdida de oportunidades clave para el desarrollo.
El turismo, una de nuestras principales fuentes de ingresos, también puede resultar perjudicado. Las altas tasas de criminalidad disuaden a los viajeros de visitar los países afectados, con repercusiones sobre los grandes hoteles, pero también en los pequeños negocios dependientes de los visitantes. La disminución en la actividad turística suele desencadenar una serie de problemas, desde la pérdida de empleos hasta la disminución del comercio en las áreas turísticas, con efectos devastadores sobre la economía local.
La inseguridad y el narcotráfico tienen un profundo impacto en el tejido social. El miedo a la violencia redunda en la desintegración de las comunidades, afectando su cohesión y fomentando la desconfianza. Las comunidades más golpeadas generalmente son las más pobres. Sufren más porque las oportunidades educativas y económicas tienden a disminuir donde hay altos índices de criminalidad. El temor también impulsa la fuga de cerebros en busca de un entorno más seguro, y de esa forma priva a la sociedad de talento valioso para su desarrollo.
“Cuando el río suena, piedras trae”, y esta no es la primera vez que un medio internacional destaca el creciente problema del narcotráfico en Costa Rica. En marzo del 2023, el diario español El País señaló la penetración de los carteles y en setiembre del 2023 un medio mexicano publicó informaciones similares. Hay muchos ejemplos más, amén de frecuentes noticias en la prensa local. La inacción frente a esas advertencias no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino también el futuro económico y social.
